Dicho reclamo responde a la sentencia del día 16 de marzo de 2012 dictada por el Tribunal Oral Federal De Mar del Plata, donde se condenó a los responsables materiales del asesinato del abogado, y se ordenó el inicio de la investigación a la comisión directiva de la empresa Loma Negra por hallarse elementos objetivos que suponen la participación de la empresa en su secuestro y asesinato.

Por otro lado, cabe señalar que dicha presentación se basa, en el trabajo de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración (OFINEC), de la Procuración General de la Nación. Luego de un estudio de la documentación de la empresa Loma Negra de esos años, la OFINEC elaboro un análisis de la rentabilidad de la empresa y del costo laboral durante el período analizado, y concluyó que la empresa obtuvo grandes beneficios con el golpe cívico-militar y que redujo sus costos en materia de indemnizaciones luego del asesinato en mayo de 1977 del abogado laboralista. 

En abril de 1976, Carlos Moreno era asesor de la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina –AOMA– e impulsaba las demandas millonarias que los trabajadores de Loma Negra llevaban adelante contra la empresa por casos de silicosis. El 29 de abril de 1977 lo secuestraron en Olavarría y lo llevaron a Tandil. Permaneció en cautiverio hasta el 3 de mayo en la chacra de los Méndez, ese día logró escaparse pero fue recapturado y llevado nuevamente a lo de los Méndez. Ese 3 de mayo, en total estado de indefensión, fue asesinado.

Para Matías Moreno, hijo del abogado laboralista y querellante en la causa “La Importancia de esta presentación radica en profundizar las investigaciones sobre las responsabilidades civiles durante la última dictadura cívico militar, las cuales ponen en evidencia los intereses de los grupos económicos hegemónicos como Loma negra, o Ledesma entre otras. Estas empresas se beneficiaron claramente con el modelo económico de la última dictadura militar y contribuyeron al disciplinamiento de la fuerza de trabajo, a través del secuestro y las desapariciones de trabajadores y abogados laboralistas, como condición necesaria para la implementación de dicho modelo.”