Los abogados, que defienden a los policías en el sumario administrativo que concluyó con la baja, afirmaron que hubo "una violación del debido proceso". Saravia recordó que en su momento recusó al jefe de Policía, Humberto Argañaraz, lo cual no fue atendido; igual que no se tuvo en cuenta la prueba ofrecida y a algunos de los cesanteados se los señaló como integrantes de la Comisión de Enlace (con la que el Gobierno negociaba cuestiones salariales), a pesar de que no formaban parte de ella. "No se ha dado lugar al derecho de defensa, no se han tramitado las recusaciones presentadas, he ofrecido una lista de veinte testigos y se nos ha dicho que no", enumeró Pedroza.

El viernes último el Poder Ejecutivo hizo público, a través del Boletín Oficial, el decreto por el que dispuso la baja del sargento Leonardo Torres; los cabos primero Rubén Argañaraz, Renato Gabriel Mejía, Juan Victorino Cayo, Oscar Gustavo Díaz, Antonio Gallardo, Walter Osvaldo Heredia y Carlos Moya; los cabos Ramón López, Miguel Coronel y Gustavo Quiroga, y el agente y abogado Pablo Fernando Cardozo Cisneros.

En el caso de Torres, Argañaraz, Cayo, Mejía, Díaz, Gallardo y Cardozo, el Gobierno sostuvo que "participaron activamente, liderando la protesta" policial llevada a cabo a partir del 29 de enero, "no concurriendo a prestar servicio e incitando a otros agentes, a través de los medios de comunicación y personalmente, a incorporarse" a la huelga. Sobre López y Coronel, afirmó que "incentivaron y presionaron" a sus compañeros para que adhirieran al paro. A Heredia y a Quiroga les reprochan haber actuado como voceros de la asamblea de policías y haber incentivado a otros a plegarse a la medida de fuerza. De Moya afirman que además de "incentivar" a sus compañeros, "amenazó al sargento Raúl Balmaceda".

Estas conductas, asegura el decreto que lleva la firma del gobernador Juan Manuel Urtubey, del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner, y del secretario general de la Gobernación, Ernesto Samson, "contravienen expresas disposiciones legales y reglamentarias".

Entre las razones para la cesantía, con la posibilidad de que se convierta en exoneración, se incluyen causas penales contra algunos policías: por amenazas, resistencia a la autoridad agravada, entorpecimiento de los medios de transporte, retención indebida y entorpecimiento de los medios de comunicación. Saravia consideró que con esto se violó el principio de presunción de inocencia, porque estas causas están todavía en trámite y no existe una decisión de la justicia sobre la responsabilidad penal de los imputados.