El proyecto fue presentado por la legisladora María Lujan Rey y busca modificar el articulo 193 bis y 84 bis agravando las penas de quienes incurran en picadas callejeras. La iniciativa retoma propuestas de la agrupación “Madres del dolor”.

“En cada ciudad, en cada barrio, todos sabemos que en tal o cual lugar y en qué día, se hacen las famosas picadas”, expresan en los fundamentos del proyecto.

La modificación del artículo 19 bis propone “prisión de nueve (9) meses a cuatro (4) años e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena, el conductor que participare en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”.

En tanto, el cambio en el 84 bis detalla que “será reprimido con prisión de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. La pena será de prisión de tres (3) a seis (6) años si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima”.

El proyecto cita casos emblemáticos que ocurridos en la Provincia de Buenos Aires como el de Tahiel Luciano Contreras, que tenía 6 años y murió el 14 de septiembre del 2020 al ser atropellado en una picada ilegal en Laferrere, La Matanza.

También el de Kevin Sedano, ocurrido en el 2002, cuando salió junto a amigos de un local bailable ubicado frente a la Quinta Presidencial de Olivos, en el partido de Vicente López, fue atropellado en la avenida Del Libertador y Corrientes por el auto que conducía Eduardo Sukiassian de 29 años.

Además, nombran otros episodios ocurridos en otros puntos del país como una picada ilegal de autos terminó sucedida en Rosario en 2017 donde un hombre de 35 años falleció tras ser embestido por el coche en el que un joven de 27 años circulaba a cerca de 100 kilómetros por hora.