López, en los fundamentos del proyecto, describió: “el texto que proponemos persigue armonizar el derecho de propiedad con el interés social que debe observarse en el ejercicio de los derechos constitucionales, asegurando el acceso a la vivienda digna consagrado en el artículo 14bis de la Constitución Nacional, cuando el mismo se ejerce sobre un inmueble alquilado.”

Entre los puntos salientes de la iniciativa, cabe mencionarse el establecimiento de un mínimo de 3 años para los contratos de alquiler. Por otra parte, en los casos en que el contrato se celebre por intermedio de una inmobiliaria, los honorarios (que no podrán superar el valor de un mes de alquiler) serán pagados en partes iguales por locador y locatario. Asimismo, el proyecto crea la Dirección Nacional de Viviendas Alquiladas, el Registro Público de Viviendas de Alquiler y el Registro Público de Contratos de Alquiler, a fin de que el Estado tenga una participación efectiva en la regulación de la materia.

Finalmente, a los efectos de ordenar la transición hacia el nuevo sistema, se prorrogan automáticamente todos los contratos que se hallen en curso, por el plazo máximo de 18 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley, suspendiéndose por el mismo plazo los desalojos con base en la finalización de dichos contratos.

En cuanto a los objetivos del proyecto, presentado con el acompañamiento de la senadora María Rosa Díaz, sus fundamentos expresan que “se trata de reconducir la vivienda, de su consideración excluyente como mercancía, a su naturaleza real, de derecho humano, lo cual sólo la regulación y el control estatales pueden garantizar.”

“Se trata, en definitiva, de crear un régimen decididamente protectorio de los intereses de la parte contractual que en el negocio juega su derecho a la vivienda, por sobre los de la contraparte, que juega intereses económicos meramente dinerarios o lucrativos”, concluyó el parlamentario.