El ingreso del ejército venezolano en el populoso barrio caraqueño de Petare con el objetivo de reducir la criminalidad, posibilitó la captura de 42 homicidas y la reducción del delito en casi el 60% en poco más de una semana, lo que sus habitantes celebran y esperan que se mantenga.

El ingreso del ejército venezolano en el populoso barrio caraqueño de Petare con el objetivo de reducir la criminalidad, posibilitó la captura de 42 homicidas y la reducción del delito en casi el 60% en poco más de una semana, lo que sus habitantes celebran y esperan que se mantenga. Petare, considerado el barrio de emergencia más grande de América Latina –mayor aun que las favelas brasileñas–, es un laberinto de calles, callejones y escaleras que se enredan en una porción de montaña de unos 40 kilómetros cuadrados. Fue el primer sector que el presidente Nicolás Maduro eligió para lanzar el Plan Patria Segura.

La barriada pertenece a Sucre, uno de los municipios de Caracas, en el estado Miranda, donde es gobernador el candidato opositor Henrique Capriles. Es, quizás, el lugar más inseguro del país. En un recorrido por el barrio El Carpintero junto al jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la fuerza armada, general Willmer Barrientos, corresponsales extranjeros y medios nacionales pudieron observar parte de este dispositivo de seguridad que a poco más de una semana de iniciado redujo la criminalidad en el 57%, según datos oficiales.

Pese a su optimismo, Barrientos advirtió que hay que observar los resultados dentro de un mes "porque siempre escoba nueva barre bien". El general señaló además que en el Petare fueron detenidas 42 personas que eran buscadas por homicidio y otros delincuentes. El militar explicó que sólo en Petare fueron desplegados 1000 efectivos de las fuerzas de seguridad, 800 de los cuales integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Los 200 restantes revistan en la Policía Nacional.

Aunque la nueva realidad de Petare se mira con lupa, para desde allí observar el desarrollo del plan, el dispositivo de seguridad ya se está desarrollando en otras zonas de Caracas y en los estados occidentales de Zulia, Táchira y Lara, Carabobo (centro) y Anzoátegui (este). En total, se movilizó a 26.425 efectivos de los que 12.666 son soldados. Los retemes o puntos de control policial en la entrada de El Carpintero reciben a los habitantes que deben reducir la velocidad o pararse si las fuerzas de seguridad lo exigen.

La mayoría de los automovilistas o motociclistas son detenidos por los soldados, que les piden los documentos de identidad personales y del vehículo. También detienen a algunos colectivos que suben la montaña, pues muchos de los robos en el transporte público son cometidos por ladrones armados camuflados como simples pasajeros. "Pedimos que la tropa vaya más arriba, que se meta en los callejones", dijo una habitante del barrio que asegura que "diariamente se producen dos asaltos como mínimo" sólo en el transporte público que sube a El Carpintero.

Barrientos señaló que la filosofía del plan implica la participación masiva de las comunidades, que son las que conocen sus problemas, pero los vecinos temen señalar a los delincuentes por posibles represalias. El dispositivo, que en principio está diseñado para que el ejército actúe durante seis meses, tiene como objetivo proteger a la población y no pretende ni reprimir al hampa de forma violenta ni obligar o incentivar con beneficios económicos a los vecinos para que aporten la información que manejen. «

Efe

acuerdos con bolivia

Bolivia y Venezuela firmaron ayer un paquete de acuerdos que incluye la cooperación en el campo energético y la producción conjunta de alimentos. Los documentos, seis en total, fueron rubricados por los presidentes Evo Morales y Nicolás Maduro. Uno de los convenios prevé la conformación de un equipo binacional de investigación, desarrollo y formación para impulsar la industrialización del litio boliviano, una de las prioridades que se impuso el gobierno de La Paz

Bolivia ejecuta desde 2008 diversos proyectos para industrializar el litio del Salar de Uyuni, con la perspectiva de llegar a la fabricación de baterías –especialmente para el sector automotriz–, pero las empresas extranjeras que han expresado su interés por asociarse al Estado pretenden hacer la producción final fuera del país.

Ambos países también acordaron dar los pasos necesarios para concretar la constitución y el funcionamiento de una “empresa grannacional” para la producción de alimentos. La creación de tal compañía ya había sido aprobada por los respectivos legislativos. Lo que se estableció ayer es un plan de acción para poder concretar la iniciativa este mismo año.

Efe