La Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (CIMARA) salió ayer a patear el tablero y puso en blanco sobre negro el discurso del lobby empresario que desde hace dos años viene intentando detener la ley que regulará al sector. El encargado de dejar en claro la posición empresaria fue Federico Díaz Mathé, director ejecutivo de CIMARA, quien señaló que “no creemos que en una democracia con libre mercado, el Estado pueda decidir qué es lo que tenemos que hacer y cuánto debemos cobrar por ello” y, en nombre de la institución y las empresas asociadas, amenazó con dejar de inyectar dinero en el sector al decir que “no tendremos reinversiones en camas, en tecnología, va a haber menos espacio para las personas que aportaron durante años para tener la seguridad de que una empresa los resguarde, ahora tendrán que responder frente a las necesidades de personas que ingresan con enfermedades muy caras de tratar o que son muy adultas y tienden a tener problemas que también, son difíciles de costear”.

En declaraciones a Diario Judicial, Díaz Mathé fue un paso más allá y afirmó que “esta ley es maliciosa y no tiene objetivos claros. Escuché que esta ley ayudará a que se incorpore gente al sistema, pero esto será a costo de los 4,5 millones de afiliados que tienen las prepagas, que tendrán que afrontar los gastos de los nuevos usuarios.” El ejecutivo de la cámara que agrupa a empresas del porte de Galeno, Medicus, Medifé y Omint, adelantó, además, que es factible que “las empresas presenten declaraciones de inconstitucionalidad, y en cuanto lo haga una todas se sumarán a ese reclamo”. Este último punto es una de las presiones más graves y evidentes para intentar que Diputados no apruebe la ley en la primera sesión de mayo.