"Me comuniqué con el abogado Carlos Amado por este tema, ya que es el encargado del tema pero aún no tenemos nada oficial", dijo Tebes en unas breves declaraciones. El intendente dijo que con la resolución de la Justicia Federal en la mano resolverán qué estrategia encara el municipio para afrontar el duro revés judicial, que impone a la comuna a pagar casi cuatro millones de pesos a la empresa privatizada en la década del noventa.

Tebes estimó que podría reunirse con sus asesores letrados durante la semana entrante, para conocer los fundamentos por los cuales se rechazó la apelación de la Municipalidad. La resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca fue fechada el 15 de marzo pasado y la fundamentación del voto estuvo a cargo del magistrado Ricardo Emilio Planes.

En un escrito de nueve páginas, se ordena a la Municipalidad de General Pico a pagar en el término de diez días a Telefónica de Argentina S.A la suma de 1.223.628,80 pesos, actualizada con el interés equivalente a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias desde enero de 2000. Se calcula que el monto ajustado a ese interés llega a los cuatro millones de pesos.

Preocupación.

Conocido el fallo adverso no se podía disimular la preocupación entre los funcionarios municipales. Se admite que la comuna no cuenta "ni por asomo" con recursos propios para pagar la millonaria cifra. Una de las posibilidades es recurrir a una instancia superior como recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque los antecedentes no favorecen la posición de la municipalidad. La Corte ya falló en un caso similar a favor de la empresa telefónica.

Verna.

El litigio entre el municipio de General Pico y Telefónica se originó a poco de comenzar Carlos Verna su segundo período como intendente de General Pico. En 1992 fue electo senador nacional y debió renunciar a la intendencia. Uno de sus últimos actos administrativos fue ordenar que se le cobrara a Telefónica el canon por uso del espacio aéreo. Tras esa implementación, la empresa de telefonía inició la demanda judicial.

La municipalidad no tendría cómo afrontar el pago de cuatro millones de pesos ya que recurre al Gobierno Provincial de manera continua para poder mantener las finanzas en orden. En el último año, recibió anticipos de coparticipación por 20 millones de pesos, cuya forma de devolución aún no fue acordada con la gobernación. A eso se suma el dinero que proviene desde Provincia en conceptos de aportes no reintegrables o recursos para gastos de funcionamiento. La oposición aseguró hace pocos días que el déficit acumulado por la municipalidad en los últimos tres años ronda los 70 millones de pesos.