Julio Pereyra analizó junto a integrantes de su gabinete las problemáticas inherentes a los sectores poblacionales expuestos a situaciones vulnerables: niñez, personas con discapacidad y miembros de la tercera edad. En ese contexto, exhibió su contrariedad ante las demoras en la restauración de la sala destinada a emergencias en el Hospital Mi Pueblo.

"No hubo avances significativos en la obra ni lograron adecuar la estructura para recibir a los pacientes. Distribuyeron erróneamente el personal: pusieron más médicos en el SAME que en la guardia. Vaciaron las Unidades de Pronta Atención. Deberían intervenir rápidamente, ocuparse de los inconvenientes y brindar soluciones", resaltó el Intendente.

El secretario de Salud, Mario Rodríguez, destacó las buenas intenciones del proyecto para la ampliación del lugar, pero calificó como "inoportuno" el momento escogido para iniciar las tareas. "Comenzar el trabajo durante el invierno, cuando crecen exponencialmente las consultas en ese espacio específico, generó obstáculos para satisfacer la demanda de los vecinos", detalló.

Además, resaltó las falencias en la planificación debido a la carencia de respaldo hacia las UPA donde no lograron cubrir las derivaciones por la baja cantidad de profesionales en los establecimientos. "En 2015, atendían catorce doctores y la intención era sumar seis más. Dos años después, quedaron solo cuatro en planta", describió.

Impedir el mero asistencialismo social

El Jefe Comunal y sus funcionarios observaron los resultados arrojados por diversos informes elaborados en las distintas carteras estatales con una misión: evaluar los efectos de las políticas económicas en el distrito. Detectaron un aumento en el desempleo e impedimentos para satisfacer las necesidades básicas en los hogares.

 "Trabajamos para evitar convertirnos en gendarmes sociales y dedicarnos a repartir alimentos como en la década del 90. No retrocedamos al tiempo donde las alternativas para resolver los conflictos eran entregar comida o remediarlo a los palos", reflexionó Pereyra.

La secretaria de Desarrollo Social, Adriana Alonso, advirtió sobre el incremento en la cesión de productos alimenticios. "En 2015, la cifra apenas superaba el millón de kilos; actualmente, ascendió a los diez millones", especificó.

Watson brindó una definición categórica sobre la coyuntura. "Cerraron empresas, despidieron empleados y descendieron las ventas en los comercios como consecuencia del ajuste implementado por quienes resultaron elegidos para gobernar pero en Florencio Varela nos resistimos a cambiar la posibilidad de acceder a un trabajo digno por bolsones de comida", enfatizó.

Durante la reunión, coincidieron en la importancia de confeccionar una base única con datos fehacientes sobre las familias que recibieron ayuda desde el Estado.

"Los funcionarios nacionales y provinciales accedieron a la información recolectada por la Municipalidad. Abrimos nuestros expedientes para brindar soluciones eficientes en conjunto, adaptando sus programas vigentes a la demanda local. No encontramos la misma voluntad de su parte para mejorar la situación", explicó Alonso.