La Ley de Bosques tuvo como espíritu frenar los desmontes que se venían realizando en la provincia.Por iniciativa de los legisladores nacionales salteños fue que se dispuso un fondo compensador, que hoy se convirtió en la mayor preocupación de defensores y detractores de la Ley nacional que dispone la necesidad de un ordenamiento territorial en la provincia.
"Eso no sé si técnicamente habrá que sentarse a ver procesalmente si es una deuda o no es una deuda, nosotros creemos que tienen que haber muchos más fondos pero lo que distribuye el gobierno nacional, los fondos que tiene en el sistema y de acuerdo a los proyectos que hemos presentado, la provincia de Salta es la provincia que hasta ahora más ha utilizado esos fondos, quiere decir que es la provincia donde más dinero llegó en concepto de preservación de bosques".
Los fondos fueron, entre otros emprendimientos, a Inversora Juramento (del titular del Banco Macro, Jorge Brito), a El Tabacal (empresa denunciada por comunidades originarias que reclaman la restitución de tierras), a Darío F. Arias SA (de la familia del titular de Asuntos Legales de Ambiente), entre otras empresas. Algunas de estas empresas, incluso, ya solicitaron (o lo habían hecho), desmontes dentro de las mismas fincas en las que se hizo el proyecto para "conservar", y por cuya acción ya se entregó dinero.
En el frente, y con el caso de Finca Michicola como ejemplo, vuelve el cuestionamiento de campesinos respecto de este "fondo compensador". El principal cuestionamiento de los campesinos al discutirse la Ley fue que se iba a pagar a los grandes empresarios, para beneficiarlos una vez más en desmedro de las comunidades que sufren juicios de desalojos.


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