El doctor Lucio Portel es presidente del Partido Autonomista de Corrientes y también preside el Círculo de Legisladores de la Provincia. Como veterano de las lides políticas correntinas, se podría hablar largo y tendido con él sobre ese tema.

Sin embargo, en esta oportunidad EL LIBERTADOR recurrió a su rol de presidente del Círculo de Legisladores y más aún a su condición de abogado en causas penales. La cuestión en debate es la reforma del Código Procesal Penal, y sobre eso discurrió este diálogo:

-El Colegio de Abogados y el Círculo de Legisladores que usted preside organizaron un debate sobre la reforma del Código Procesal Penal de la provincia. ¿Cómo surgió la idea?

-El Círculo de Legisladores tiene muy buena relación con el Colegio de Abogados. En mi caso personal, su sede está aquí a la vuelta de mi casa.

El tema es así: estamos sumamente preocupados por diversas circunstancias que hacen al servicio de justicia.

-Preocupados, ¿por qué?

-En el debate que se realizó en el Colegio de Abogados, organizado por ambas instituciones, algunos profesores de nuestra Facultad de Derecho trajeron estadísticas de la cantidad de causas que están en trámite, y es francamente alarmante. Nos están demostrando que nuestra preocupación no era en vano y que realmente estamos pasando por un momento muy difícil en nuestra Justicia.

130 MIL EXPEDIENTES

-¿Hay mucha morosidad judicial?

-Le doy un número: hay 130 mil expedientes penales en trámite. Si tenemos seis juzgados de Instrucción y 220 días hábiles por año, tendrían que resolverse por lo menos 20 o 30 causas por día. Cosa que es imposible, porque cada causa requiere un estudio concienzudo.

-Ese es el síntoma. ¿Cómo se resuelve?

-Por eso paralelamente estuvo en discusión el cambio del Código Procesal Penal. Que no implica cambiar sólo un conjunto de normas, sino que es un cambio de visión de todo el derecho procesal penal. Y fundamentalmente un aspecto que nos interesa y que nos gusta, que es la implementación del sistema acusatorio, que en realidad ya está instaurado en la República en virtud de tratados internacionales suscriptos por la Argentina y que son incorporados a la Constitución en 1994.

-¿Qué es el sistema acusatorio?

-La esencia de la cuestión es que se pasa de un sistema inquisitivo, que en la provincia de Corrientes es moderado, a un sistema dispositivo o acusatorio.

-¿Y cuál es la diferencia?

-En el sistema inquisitivo, el juez es el que lleva la dirección del proceso, toma las medidas del caso, ordena las diligencias.

-En una palabra, es el que investiga.

-Así es: investiga. En principio, el juez no debería hacer eso, porque actúa como investigador y después debe hacerlo como juzgador. Entonces, la idea es esta: están las dos partes, la Fiscalía y la Defensa, en igualdad de condiciones, y un juez que es totalmente ajeno al conflicto. Tanto es así que yo, por ejemplo, tuve debates en que el doctor (Roberto) Mendíaz era presidente y él disponía que el Tribunal ni siquiera pregunte.

-¿Ninguna pregunta?

-Creo que en realidad se trataba de una exageración, porque el que tiene que dictar sentencia puede tener dudas y, por lo tanto, puede preguntar. Pero el hecho es que ya en muchos tribunales de la provincia están aplicando el principio acusatorio o dispositivo.

-Es decir, se aplica en la práctica.

-Sí, necesariamente, porque el sistema anterior choca con la Constitución. Y por el principio de prevalencia de las leyes la Constitución nacional está "por encima" de la provincial, y la Constitución y los tratados internacionales por encima de las leyes locales. Todo esto en cuanto a las leyes penales de carácter federal que las provincias cedieron a la Nación.

-¿Esos 130 mil expedientes sin resolver implican personas detenidas?

-No, en la mayoría de los casos no es así afortunadamente. Pero sí hay casos de personas presas varios años sin sentencia. Por eso ahora en el Derecho Penal tiene peso constitucional el tratado internacional que indica que una persona no puede estar presa más de dos años sin tener una sentencia firme, pudiendo haber una prórroga de hasta un año. Lo cual tampoco se cumple totalmente. Yo mismo llevo un caso en que hay una persona detenida sin sentencia firme que ya cumplió 6 años presa.

CÍRCULO ANALÍTICO

-¿Y ahora el Círculo de Legisladores está ocupado en este tema? ¿Por qué?

-El Círculo de Legisladores es un organismo creado por Ley, compuesto por ex legisladores y legisladores actuales. Es un foro donde se discuten proyectos de ley fundamentales, políticas de Estado…

-¿Qué características tiene?

-Este es un Círculo intensamente político, pero apartidario. No es que sea apolítico. Todo lo contrario: es muy político. Lo que no es, es partidario.

-¿De qué otros temas se ha venido ocupando?

-Por ejemplo, nos hemos ocupado del tema del segundo puente con el Chaco, una cuestión que en algún momento había quedado archivada. Recuerdo que organizamos una conferencia donde surgieron posturas que incluso fueron llevadas al seno del Zicosur (Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano), donde se estableció la obra como prioridad absoluta en función de la integración interoceánica.

-¿El Zicosur apoyó el proyecto?

-En ese momento era presidente de la asamblea el actual jefe de Gabinete (Jorge) Capitanich, quien entonces como gobernador del Chaco se decía que no era muy afecto a la construcción de este segundo puente. Él asumía la presidencia pro tempore del Zicosur y tuvo que recibir el proyecto del puente, porque había sido aprobado como prioridad por la Asamblea.

-Se ocupan, entonces, de temas de infraestructura regional.

-Así es. Por eso trajimos también a un experto en viviendas. Sobre esa temática organizamos una conferencia en la que hubo mucha concurrencia. También organizamos otro encuentro con el doctor (Ricardo) Leconte en que se habló de las rutas, el ferrocarril, la hidrovía, la pobreza… Eso luego se plasmó en un libro escrito por el doctor Leconte y editado por el Círculo de Legisladores.

-Por lo que describe, tienen una intensa actividad.

-También lo trajimos al Embajador de Panamá. Lo hicimos visitar al Gobernador, al Intendente, a los legisladores y a los principales dirigentes políticos. Queríamos demostrar cómo una comunidad, en este caso un pequeño país, podía realizar una gran obra mancomunando la voluntad de la sociedad con la de sus dirigentes. En este caso, Panamá está construyendo su segundo Canal.

EL CÓDIGO POLÉMICO

-Hasta que se abocaron al tema del Código Procesal Penal…

-El Círculo de Legisladores está analizando ese tema con la tranquilidad que le da no tener que responder a ningún partido político, pero al mismo tiempo con su experiencia política y fundamentalmente su experiencia legislativa. El Código Procesal Penal también lo teníamos en la agenda. Pero vimos cómo se fueron sucediendo una serie de debates, razón por la cual hicimos un estudio preliminar del proyecto y nos pusimos de acuerdo con el Colegio de Abogados para que se debata este asunto que tiene que ver con el Derecho.

-¿Es un tema de interés para la sociedad?

-Por más que sea un tema que parece interesar en primer lugar a los abogados, a los jueces, a los profesores de la Facultad, finalmente afecta a toda la sociedad. Porque el Código de Procedimiento Penal se va aplicar a la gente.

-Pero parece haber muchas diferencias, ¿no?

-Nuestro pensamiento no tiene que ver con persona alguna, o pensamiento político o institución alguna. Las leyes se hacen con una vocación de permanencia. Cuando más se mantiene la ley, mejor, porque va creciendo, va madurando, con la jurisprudencia, con la doctrina, con la interpretación. Va siendo conocida por la gente. Siempre hay que cuidar la norma jurídica, porque la norma tiene vida propia.

-Pero también puede caducar, supongo.

-Por supuesto que hay un momento en que es necesario derogarla. Pero cuando se hace un Código… fíjese que nuestro Código Civil databa de 1871; el Código Penal, de 1921. Quiere decir que no interesa mucho quiénes son los funcionarios que están en determinada circunstancia o cuál es el partido que está gobernando. Lo importante es que sea un Código que sirva.

-¿Lo que aquí se intenta aplicar ya existe en otras provincias?

-Sí. Pero uno de los expositores en el debate, el doctor (Guillermo) Rojas Busellato, tiene conocimiento directo del Código Procesal de la provincia del Chaco porque ejerce allí gran parte de su profesión. Es un nuevo Código muy similar al que se quiere instaurar aquí. Y Rojas Busellato, en el ejercicio de su trabajo, se encontró con una serie de circunstancias negativas, que deberían servirnos a nosotros para tenerlas en cuenta y hacer un Código más perfeccionado.

ASPECTOS NEGATIVOS

-¿Qué aspectos negativos advierte?

-Una de las cosas que más me preocupan y como lo subrayó este expositor: en el nuevo Código propuesto parece que el poder inquisitivo del juez pasó al fiscal. No se cambió el sistema, se cambió la persona que maneja el proceso.

-¿Y entonces?

-Volvemos al principio. Se busca la igualdad de las partes. Pero ahora no hay igualdad de las partes. El fiscal pasa a tener mucho más poder que el defensor. No hay una igualdad de oportunidades. Si el fiscal va a tener ese poder de promover la investigación, o, como se dice técnicamente, de "excitar la jurisdicción", no puede actuar cualquier fiscal o el fiscal que designe el Fiscal General para determinado caso.

-¿Y qué tendría que ocurrir?

-Tiene que haber un sistema predeterminado para saber a cuál fiscal le va a tocar entender en un determinado hecho. Tiene que haber un mecanismo.

-¿Y en el proyecto eso no está establecido?

-No, no está establecido. En este punto traslada a la Ley del Ministerio Público. Y esta Ley establece que hay un Fiscal General que designa a los fiscales; pero a la vez si el imputado no tuviera defensor, ¡también le designan defensor! Hay una disposición, incluso avalada por la Corte, que establece la tripartición del Ministerio Público, pero hasta ahora no se ha cumplido.

-Ese sería un defecto. ¿Hay otros?

-Hay además algunos aspectos que, a criterio de distinguidos profesores del derecho penal, serían inconstitucionales, como que se avanza incluso sobre el Código Penal de la Nación.

-La reforma, entonces, ¿es necesaria o no?

-Volvemos al principio, y como conclusión: estamos en una situación alarmante en el servicio de justicia en general. Una de las maneras de superar esa situación es con un nuevo Código Procesal Penal que sea más dinámico, más moderno, que sea rápido. Este proyecto de Código establece el sistema de audiencias, que dinamiza el proceso. Eso, por ejemplo, está bien.

-Los que apoyan la reforma destacan, precisamente, el sistema de oralidad.

-Bueno, aquí ya tenemos experiencia de eso en el fuero federal, donde las fundamentaciones se hacen oralmente, contesta el fiscal y el juez dicta sentencia. Ahora, esto por sí mismo tampoco va a ser la panacea en el nuevo Código. Falta más inversión, hay que crear la Policía Judicial, que tiene un gran costo en lo que hace a formación y capacitación; y además en todos los aspectos técnicos para la investigación.

-Y entonces, ¿resolvería o no esa "alarmante" situación de la Justicia?

-Pese a los problemas que le indiqué, es un paso adelante. Entonces llegamos a la segunda conclusión: es necesario que se haga la reforma…

-Pero…

-…Tercero, esta reforma no va a servir si no hay un gran aporte presupuestario. Y en cuarto lugar, yo agregaría que es conveniente y es necesario que nos sentemos a conversar. Yo quiero reconocer y expresar mi admiración por el trabajo importante que hizo la Comisión de especialistas que elaboró este proyecto. Pero también reclamo que haya vocación de diálogo; que haya la apertura mental para debatir qué es lo más conveniente.

-Entre los que alientan el proyecto y los críticos, ¿se puede compatibilizar un proyecto común?

-Yo creo que sí, que se puede compatibilizar.