Sin embargo, cuando se revisa con otro enfoque la línea argumental del Gobierno sobre la medición de inflación, lo que se aprecia es una distorsión bien diseñada, con objetivos políticos muy claros. Cuando Guillermo Moreno aspira a conseguir una inflación anual del 8%, lo hace sobre una base real. Parte de sus acuerdos de precios están orientados a conseguir que haya productos con aumentos casi nulos, siempre de un dígito. La preocupación oficial es que cada categoría (arroz, azúcar, fideos, aceite, etc) tenga artículos que cumplan esa pauta.

Ese es el registro que captura el Indec. Y desde ese concepto, es cierto que hay una canasta de bienes que sube 8%. Lo que resulta difícil de comprender es por qué el Gobierno renuncia a proteger el poder adquisitivo de quienes consumen marcas líderes, por lo general más caras. Es una forma de renunciar a su voto. No se logra legitimidad sólo con defender los derechos de un sector, si al hacerlo se olvida del todo.