“En nuestro mercado contamos con dos grandes cadenas de supermercados locales y dos importantes cadenas de capitales extranjeros, más otros autoservicios y comercios minoristas”, dijo el Defensor, Jose Gialluca, advirtiendo que “las quejas, reclamos, denuncias y pedidos de gestiones por parte de los consumidores, en cuanto a las permanentes y constantes variaciones de precios o valores de los productos de consumo masivo o los que componen la Canasta Básica Alimentaria y en donde ineludiblemente se suman los requerimientos por los altos incrementos de los medicamentos también, aun aquellos que no poseen insumos importados”.

Sostuvo que “esto nos permite afirmar que grupos nacionales y extranjeros locales han producido una alta concentración económica que les permite asumir una “posición dominante” y de esta manera ganar capacidad de negociación frente a los sectores que producen alimentos, bebidas y limpieza, etc., todo lo cual “va en perjuicio del salario y del bolsillo de los consumidores”.

El Organismo de la Constitución sostuvo que “en los últimos relevamientos de precios y de productos llevados a cabo por se ha podido detectar, algunos desabastecimientos, irregularidades en los acuerdos firmados y también aumentos”.

Gialluca afirmo que “frente a este escenario es necesario que los consumidores ejerzamos un rol activo, responsable “priorizando otros lugares de comercialización, como son las Ferias Francas, el Mercado Frutihorticola y aquellos comercios que están dentro del Acuerdo de Precios Cuidados o fuera de ellos, pero que venden- a un precio justo o razonable – sus distintos productos.

Señalo que nuestro País tiene la capacidad de alimentar a unos 450 millones de personas, pero sin embargo aproximadamente unos dos millones de ciudadanos tienen actualmente problemas graves para acceder a la compra de productos alimentarios básicos”.

Afirmo el funcionario que “toda o la mayor parte de la responsabilidad en cuanto a la causa o motivo del aumento de los precios, está dada en la fuerte concentración de quienes nos ofrecen las mercaderías y que asumen una posición dominante, dejándonos a los ciudadanos sin alternativas viables; y esto se produce por el accionar del sector privado y la pasividad del sector público.

Podemos ver como el Grupo de origen francés, (que absorbió a Casa Tía) y otros “posee supermercados en 34 países del mundo, y factura 120 mil millones de dólares lo que equivale al PBI de Uruguay, Paraguay y Bolivia juntos y tienen en nuestro País una importantísima parte del mercado alimentario en su poder”.

Aludió a que “en productos como el aceite de un litro producido por Molinos Rio de la Plata, a esta firma los costos de producción de dicho producto le representa lo siguiente aproximadamente: oleaginosa $2,19, molienda $0,65, refinamiento $0,44, envase y embalaje $0,18, energía $0,18, mano de obra $0,22, otros $0,56 lo que da un total de $4,42 , vendiéndose en el caso de las cadenas extranjeras de Formosa, el mismo producto a $7,54, lo que representa un amplio porcentaje de ganancia o de “peaje” que los consumidores debemos pagar a quienes los ofrecen, ya que no tenemos otra opción”.

Es por esto que la Defensoría del Pueblo, requirió a Economía de Nación y también a la secretaria de Comercio Interior, que “con el objetivo de que los consumidores tengamos “precios justos y razonables, conforme a los costos de producción reales más una ganancia moderada, no se permita a los industriales y supermercadistas repetir conductas de sectores altamente concentrados únicamente en la especulación, el desabastecimiento y el incumplimiento de los Acuerdos de Precios, aplicando para ello las medidas técnicas -económicas, fiscales y políticas necesarias, de manera tal que los consumidores podamos adquirir los productos básicos de la Canasta Alimentaria Familiar”.