"Si encontramos unidades económicas o empresas violando la Ley de Precios Justos, voy a intervenir, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entre entonces a esas unidades a producir, a trabajar." Una nueva espada de Damocles bolivariana, que recuerda el famoso "¡Exprópiese!" de Hugo Chávez, pende sobre los cuellos de empresarios y comerciantes venezolanos.

El plazo otorgado por el presidente Nicolás Maduro para que se pusieran al día con la normativa estrella de su mandato expiró ayer. Ahora todos deben cumplir a rajatabla una ley que establece ganancias máximas del 30% y cuyo primer objetivo es garantizar precios "de acuerdo a la estructura de costos de producción" en medio de una "guerra económica de la burguesía parasitaria", y con el azote de la inflación (más del 56%, la mayor del planeta).

Los diarios chavistas circularon ayer con un encartado en el que se incluían los 82 artículos y las 13 disposiciones de una ley que actúa en varias fases económicas (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y cuyo precio justo se calculará de forma "científica". Un auténtico galimatías para la mayoría de los comerciantes, quienes afirman que al establecer un 30% como ganancia máxima no toma en cuenta las estructuras de costos.

La normativa, aprobada gracias a la Ley Habilitante -que permite a Maduro gobernar por decreto-, establece penas de prisión de entre dos y 14 años, multas millonarias y la intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios y transporte por un lapso de medio año.

Los delitos que se castigarán con la pena máxima son el contrabando de extracción (desvío de bienes de primera necesidad), el "boicot" y la "desestabilización económica".

"No me subestimen, sectores de la burguesía. Si hay que expropiar [empresas], vamos a expropiar a quienes tengamos que hacerlo", amenazó el presidente.

Uno de los primeros tribunales en actuar fue el Segundo de Control en Apure, que dictó la privativa de libertad contra seis presuntos contrabandistas. Según la notificación oficial, la Guardia Bolivariana encontró en el domicilio de uno de los acusados 12 toneladas de aceite comestible, 21 de arroz, 3840 rollos de papel higiénico y más de 175 kilos de harina de maíz.

"El Ejecutivo busca un andamiaje legal para confiscar, expropiar e intervenir empresas", protestó Jorge Roig, presidente de la patronal empresarial. "Esa ley aprobada no es constitucional", insistió el directivo, uno de los personajes que conforman la "trilogía del mal" en el campo económico, según Maduro.

Fedecámaras presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para que declare inconstitucional la nueva legislación. Varios economistas coinciden en esta ocasión con los empresarios: se trata de una ley con más controles y burocracia, que puede aumentar el desabastecimiento.

"Con las expropiaciones no se genera prosperidad. Es un anuncio temerario, que muestra la práctica autoritaria del gobierno", se quejó Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio de Caracas..