De los precandidatos con cargo público que encabezan listas, sólo dos pidieron licencia

De los precandidatos con cargo público que encabezan listas, sólo dos pidieron licencia
Seis de los postulantes que ocupan el primer lugar en las boletas ejercen algún cargo ejecutivo o legislativo. Sin embargo, sólo el intendente de San Francisco, Martín Llaryora, y el funcionario municipal Dante Rossi solicitaron licencias.
Del total de precandidatos a diputados nacionales que encabezan las listas en Córdoba y que competirán en las elecciones primarias del 11 de agosto, seis ocupan algún cargo público, sea legislativo o ejecutivo. En esa lista figuran los diputados nacionales Oscar Aguad (UCR) y Ernesto Martínez (FC); la concejala capitalina Olga Riutort (Fuerza de la Gente); la legisladora provincial de la Izquierda, Liliana Olivero; el intendente de San Francisco, Martín Llaryora, y el subsecretario de Transporte, Dante Rossi. Todos, menos este último, tienen cargos electivos.

A menos de un mes para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) los aspirantes de las distintas fuerzas políticas están metidos de lleno en la campaña que incluye una agenda apretada de compromisos. Sin embargo, dado que no rige en Córdoba una normativa que establezca licencias para candidatos que ejerzan cargos públicos, sólo dos de los postulantes mencionados anteriormente pidieron permiso y se apartaron momentáneamente de sus puestos. Según pudo constatar este medio, se trata de Llaryora y Rossi; el resto aseguró que puede cumplir con sus obligaciones legislativas (sea en la Cámara baja, en la Unicameral o el Concejo Deliberante de la ciudad) y realizar tareas proselitistas al mismo tiempo. En ese sentido, quienes no hacen uso de la licencia aseguran que no existe incompatibilidad en el doble rol que asumen y coinciden en que, mientras no se descuide la labor parlamentaria, “no hay problema para cumplir con los compromisos de campaña”.

Por eso, es común ver a los candidatos recorriendo los barrios y el interior provincial, dando entrevistas, participando de distintas actividades mientras, se supone, paralelamente ejercen la función para la que fueron elegidos por el voto popular y por la que cobran un sueldo. Esta ambivalencia de roles también abre la puerta a ciertas suspicacias sobre, por ejemplo, el correcto uso de los recursos del Estado que hacen durante la campaña. Teléfonos, oficinas y hasta asesores suelen quedar mezclados en ese doble rol.

Claro que si se revisa la nómina completa de postulantes cordobeses a la Cámara baja, la lista de candidatos que ocupan algún cargo público se amplía mucho más. Por caso, sólo la boleta de la UCR que encabeza Aguad, lleva como candidatos a la intendenta de Quilino, Soledad Carrizo, y al director general de Fiscalización y Control, Diego Mestre (quien sí pidió licencia). O la propia lista de

Llaryora, que entre sus filas ubica al intendente de Morteros, Germán Pratto. El Frente Progresista, Cívico y Social postula a Walter Gispert por ejemplo, actual presidente del Concejo Deliberante de Carlos Paz. Mientras que el Frente para la Victoria tiene en su lista al intendente de Totoral, Ernesto Bernabey, y al de Villa Dolores, Juan Pereyra, entre otros funcionarios.

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