Fuentes judiciales informaron ayer que el abogado Sebastián Leguizamón Charif, quien defiende a Alonso y San Martín, pidió aplazar la audiencia convocada para el viernes por motivos laborales.

Explicaron que el abogado planteó ante el juez correccional de Junín de los Andes, Mariano Etcheto, que tenía compromisos de trabajo acordados con anterioridad que eran impostergables.

El magistrado hizo lugar al pedido de postergar el juicio, pero todavía no fijó la nueva fecha para la audiencia, indicaron las fuentes consultadas. Es la segunda vez que se suspende el juicio a Alonso y San Martín en lo que va del año.

La primera vez ocurrió el 23 de mayo pasado por problemas personales que tuvo el magistrado, según trascendió porque no hubo información oficial al respecto. Después, Etcheto fijó la audiencia para el 30 de este mes.

Alonso está imputado por un hecho que tiene que ver con haber dado autorizaciones a la empresa Cerro Bayo a realizar una huella con una tala de árboles en un lote que pertenece al grupo privado violando supuestamente la normativa de bosques y ambiental de la provincia.

San Martín está imputado por otros tres hechos que tienen que ver con haber tomado presuntamente decisiones que no eran de su competencia.

La investigación se inició a partir de la denuncia que un grupo de vecinos del barrio Puerto Manzano presentó en agosto de 2010 contra Alonso y San Martín, porque permitieron una huella en un lote privado, sin respetar la normativa vigente ni contar con el estudio de impacto ambiental.

Alonso y San Martín están imputados por los supuestos delitos de abuso de autoridad y usurpación de cargo. Alonso, en la requisitoria de elevación a juicio, que la fiscalía local presentó a finales de junio de 2010, fue imputado de haber firmado una resolución en septiembre de 2009 que autorizó la apertura de la huella transitable por un lote que la empresa Cerro Bayo. La Fiscalía calificó el hecho como abuso de autoridad.

Mientras que San Martín fue imputado por haber firmado cuatro resoluciones administrativas. Para el fiscal se trató de abuso de autoridad y ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo. El juez de Villa La Angostura, Jorge Videla, sobreseyó en 2010 al intendente y a San Martín.

La Fiscalía apeló esa resolución de Videla ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la provincia, que revocó en septiembre de 2011 el fallo de primera instancia y dejó sin efecto los sobreseimientos de Alonso y San Martín.

El abogado defensor de los imputados, Sebastián Leguizamón recurrió esa sentencia ante el TSJ, donde no hicieron lugar al planteo. Y por eso deben ir a juicio los ex funcionarios de la gestión de la UVAC.