Por Alberto Armendariz

RÍO DE JANEIRO.- En la cuerda floja quedó ayer el archienemigo de Dilma Rousseff, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha. Cercado por la Policía Federal, que allanó sus casas y oficinas como parte de la investigación sobre la red de corrupción en Petrobras, y al borde de perder su cargo por una decisión del Consejo de Ética en el Congreso, Cunha se negó a renunciar y amenazó con tomar represalias contra el gobierno para hundirlo en una crisis política mayor.

El fuego cruzado en el que quedó Cunha -un abierto opositor a Dilma pese a que es miembro del principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)- se produjo 24 horas antes de que, hoy, el Supremo Tribunal Federal (STF) decida si avala o no el proceso de impeachment contra la presidenta. Fue Cunha quien, para desviar la atención de las denuncias en su contra, el 2 de diciembre aceptó iniciar en la Cámara baja los procedimientos para el eventual juicio político de Dilma, acusada de haber maquillado las cuentas fiscales para esconder el déficit.

Además de los operativos en los domicilios de Cunha en Brasilia y Río de Janeiro, donde los agentes federales se llevaron documentos, laptops y hasta celulares, fueron allanadas también residencias y oficinas pertenecientes a los ministros de Ciencia y Tecnología, Celso Pancera, y de Turismo, Henrique Eduardo Alves, así como las casas del senador Edison Lobão y del diputado Aníbal Gomes, y otros políticos menores. Las grandes figuras pertenecen todas al PMDB, que Cunha ha buscado distanciar del gobierno, donde el partido también cuenta con el vicepresidente Michel Temer.

"Todo esto es muy extraño; de repente asistir a una operación el día en que el Consejo de Ética se reunió, la víspera de la decisión del proceso de impeachment, una operación concentrada en el PMDB. Sabemos que el PT es el responsable por el asalto que sucedió en Petrobras; todos los días tenemos robos del PT fotografiados y de repente hace una operación contra el PMDB", señaló el titular de Diputados, que culpa al gobierno por las denuncias de las que es blanco.

Según la Procuraduría General de la República, Cunha recibió cinco millones de dólares de sobornos de empresas que querían asegurarse negocios con Petrobras. Desde que el escándalo del petrolão estalló, el año pasado, decenas de ex funcionarios de la compañía estatal y poderosos empresarios han sido detenidos, acusados de corrupción. La justicia investiga ahora a medio centenar de políticos, la mayoría del PT y del PMDB, que se habrían beneficiado del esquema de coimas. Cunha negó su involucramiento, pero en agosto fueron descubiertas cuentas bancarias en Suiza en las que guardaba el dinero no declarado.

Por esas contradicciones, el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados inició un proceso para removerlo de su cargo. Ayer, el órgano confirmó su intención y ahora Cunha contará con diez días para defenderse por escrito; el Consejo luego tendrá tres meses para emitir una recomendación que será sometida al plenario de la Cámara para definir si lo destituye o no.

"Mi conciencia está tranquila, soy absolutamente inocente. Todo el mundo tiene derecho a ser investigado, ningún problema, pero me resultan extrañas todas estas coincidencias. Nada más natural que ahora el gobierno busque su revancha", subrayó a la prensa el poderoso y maquiavélico diputado que puso a Dilma al borde del juicio político.

Cunha aclaró que bajo ninguna hipótesis renunciará y advirtió que no se quedará de brazos cruzados: "El PMDB tiene que decidir lo más rápido que pueda salirse de este gobierno".

Una decisión en ese sentido, que también ha sido esgrimida por el vicepresidente Temer, dejaría a Dilma en una posición muy frágil si el proceso de impeachment en su contra prosperara y llegara a ser votado en el plenario de la Cámara de Diputados.

Hasta ahora sólo se creó una comisión especial de juicio político que iba a comenzar a sesionar la semana pasada, pero una medida cautelar de un juez del STF puso todo el proceso en suspenso; hoy, el plenario del máximo tribunal brasileño deberá decidir si confirma los procedimientos realizados o si el caso vuelve a foja cero.

El gobierno confía en que pueda descarrilar el proceso de juicio político de Dilma en la misma comisión o ya cuando sea sometido al plenario de la Cámara de Diputados, donde la oposición pro impeachment necesitaría de dos tercios de los votos (342 de un total de 513) para aprobarlo. De ser aceptado, la presidenta sería alejada del cargo por 180 días, mientras el Senado la juzga (allí también se requerirían dos tercios de los votos, o sea 54 de un total de 81) y el vicepresidente Temer asumiría el poder temporalmente. Sólo si es encontrada culpable de "crimen de responsabilidad fiscal" Temer permanecería al frente del Palacio del Planalto para completar el segundo mandato de Dilma, iniciado en enero.

Petrobras sigue con el ajuste

La petrolera Petrobras, la mayor empresa de Brasil, inició este año un proceso de venta de activos y de reestructuración para enfrentar una grave crisis que la redujo de tamaño, pero que le permitirá en un futuro ser más rentable y productiva, dijo hoy su presidente, Aldemir Bendini. 

El presidente de la empresa, responsable de cerca de la décima parte del PBI, brasileño dijo que el plan de desinversión por valor de 15.000 millones de dólares tendrá su clímax en 2016, con la venta de numerosos activos. En octubre, la empresa vendió por US$ 500 millones el 49% de Gaspetrol. 

Del editor: por qué es importante. Para Cunha, todo se trata de retener el poder acumulado estos años; si lo pierde, tal vez Dilma pueda respirar tranquila.