La postura del Radicalismo, que apoyó la aprobación del plan, fue desarrollada por el diputado Pablo Baca, quien sostuvo que “acompañamos el final de un proceso con el que no estamos de acuerdo pero no queda otro remedio”. El legislador afirmó que la Cámara fue puesta en una posición muy difícil, “ya que el plan fue elaborado por órganos dependientes del Poder Ejecutivo que de ningún modo pueden ser controlados por la Legislatura y en vez de aprobarse una ley, este proceso culmina con un decreto de necesidad y urgencia”.

Dijo Baca además que se evidencian defectos en los procedimientos y señaló que no se garantizó la participación ciudadana, los criterios técnicos utilizados no son los previstos por la ley Bonasso y no hubo participación de las comunidades que viven en los bosques. También refirió que no se tuvo en cuenta la opinión de especialistas como la doctora Natalia Politi del CONICET, para quien el plan no cumple con los criterios de la norma nacional.

El legislador reveló que recibió una denuncia de la Asamblea del pueblo Guaraní y de otras organizaciones indigenistas de Ocloyas, Atacama y Yavi dando cuenta que “no se les permitió ejercer el derecho a participar a los pueblos aborígenes en la gestión de sus recursos nacionales”. No obstante, estimó que “esta Legislatura ya no puede tener una participación útil porque hace falta entrar dentro de los beneficios para los bosques”.

Tras abogar porque se respeten los derechos de los habitantes de los bosques, enfatizó que “la información ambiental debe llegar a todos, permitirse los aportes a sectores que saben del bosque, a nuestra universidad, a nuestras comunidades”.

Desde el bloque Primero Jujuy, Carolina Moisés definió el argumento de Baca como una “declaración de impotencia de un poder del Estado que debe controlar a otro poder y cuya función es legislar”. La legisladora recordó que la Ley Bonasso fue muy controvertida pero remarcó que los presupuestos básicos por ella contemplados “deben ser ampliados por las provincias pero nunca disminuidos”.

Según Moisés, en el proceso del plan no se realizó ninguna audiencia pública, no hubo consulta previa con los sectores interesados y además no cumple en muchos aspectos con los criterios de sustentabilidad. La participación de los pueblos originarios –dijo- “es un tema que no se puede obviar” y mencionó el Convenio 169 de la OIT sobre actividades que se pueden llevar a cabo en territorios de aborígenes. “También incumplimos con este convenio internacional al que la provincia está adherida”, advirtió.

“No me opongo a que se exploten las riquezas de Jujuy pero que lo hagan de una forma racional, preservando los intereses de otras generaciones que vendrán”, aseguró.

Por otro lado, cuestionó a la Fundación Pro-Yungas, que hizo el informe del plan y también asesoró al Gobierno de Tucumán en la materia, haciendo observaciones que no hace para casos similares en el informe para Jujuy. “En el informe de Tucumán dice que hay que incluir a las Sierras de Aconquija y Medina por ser cabecera de cuenca; en el informe de Jujuy áreas que son cabeceras de cuenca están sujetas a explotación”, marcó.

Respecto de la urgencia argumentada por el oficialismo para la aprobación del plan, Moisés aseveró que “la ley nacional está aprobada desde 2007” y pidió que el proyecto regrese a comisión “porque debemos desandar un camino mal recorrido”.

Olver Legal, diputado radical de Libertador, defendió no solo el plan de ordenamiento sino las disposiciones vigentes actualmente en la provincia para efectuar desmontes. “Se debe hacer un estudio de impacto que es riguroso”, aseguró. Además indicó que la aprobación del plan “permite acceder a la provincia a un fondo nacional, el 70 por ciento del cual está destinado a compensar a los propietarios de zona roja, donde no se puede hacer nada, y el 30 por ciento restante es para hacer estudios científicos sobre manejo sustentable del bosque”.

“El ordenamiento debe ser actualizado pero es fundamental que la provincia no pierda la oportunidad; es un paso adelante en el cuidado de nuestros recursos naturales”, aseguró sintonizando con el proyecto oficial.

Diputada Alejandra Mollón.

Alejandra Mollón de Lyder afirmó que “no estamos cumpliendo con nuestro trabajo y responsabilidad” y cuestionó que los bloques mayoritarios priorizaran el acceso a fondos de la Ley Bonasso por sobre el interés ambiental.

“Vinalito fue reubicado tres veces por inundaciones provocadas por desmontes y en Palma Sola murieron muchos jujeños por el mismo motivo; es indigno mirar al costado”, enfatizó para agregar que “hay intereses sectoriales que buscan una mayor rentabilidad al menor plazo, a costa de los jujeños”.

Antes que Baca reprochara a Moisés que se desentendía de las consecuencias de su postura política, cerró el debate Vilma Rivarola del PJ, con tono confrontativo: “es más fácil criticar que hacer, si están convencidas hubieran presentado un proyecto”. Y terminó pondiéndose como ejemplo: “yo presenté, año tras año, las mil curvas que van por la zona de Tilquiza”.

El plan de ordenamiento establece en qué lugares de la provincia se pueden desarrollar explotaciones económicas y en cuales no, en virtud de preservar las áreas de bosques nativos que quedan en el territorio jujeño.