Para Martínez de Sucre, los contratos enviados por el gobierno están plagados de ilegalidad y sobresale la ausencia de información fehaciente respecto de aspectos esenciales, como haber cumplido con los compromisos asumidos cuando accedieron a las concesiones actuales, plasmados en los contratos originales que nunca aparecieron. El Fiscal aclara que sólo da cuenta en su dictamen de “las deficiencias más relevantes”, en atención a “la premura” que le impone “la inminencia del tratamiento de parte de la Legislatura provincial”.

Virgilio Martínez de sucre sostuvo que, ante su requerimiento a la gobernadora, le fue remitida copia certificada de los 17 tomos que respaldan los decretos dictados por Ríos para la prórroga de las concesiones a las petroleras.

La razonabilidad de los acuerdos resultantes de las negociaciones no puede ser analizada por “notorios déficits informativos”, expresa; además de la existencia de “deficiencias legales que podrían afectar la validez de los compromisos que se pretenden asumir”.

Un punto que destaca es que, de las reuniones de la comisión de negociación con las petroleras, de las que surgieron los acuerdos que se pretenden aprobar, “no obra constancia ni acta que dé cuenta de su celebración”.

En otro párrafo el Fiscal subraya que la condición que impone la ley para la prórroga de las concesiones es el “buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión” y no hay registro de ningún control de cumplimiento de parte del estado provincial. Plantea en consecuencia una “omisión que podría viciar lo actuado”.

No hay registro de los elementos de juicio considerados para fijar el “canon de permanencia” que se abona por única vez y en tres cuotas.

No hay análisis técnico ni dictamen de la comisión negociadora respecto del compromiso de inversión que asumen las empresas, aspecto que la provincia parece dejar “librado al exclusivo arbitrio del concesionario”, dice.

No se toma en cuenta ni hay análisis jurídico del impacto de la ley 26.741 dictada por el gobierno nacional, que declara al autoabastecimiento de interés público nacional y objetivo prioritario del país; ley que sentó las bases para la privatización de YPF y que en su reglamentación establece un plan nacional de inversiones hidrocarburíferas. Subraya que en el marco de ese plan hay amplias facultades para la comisión que se crea, que permiten supervisar las inversiones y hasta imposibilitar que las empresas que no cumplen con la normativa continúen con su actividad.

Tampoco hay pautas concretas contra el venteo de gas, que además de contaminante desperdicia el recurso, y sólo se habla de una “reducción gradual y paulatina”.

Entre otras omisiones, no se indica la inversión mínima comprometida por el concesionario para la remediación ambiental, no hay orden ni prioridad para tareas de saneamiento ni tecnología a aplicar, ni integración de garantía en caso de incumplimiento. Esto, teniendo en cuenta el “conocimiento de la provincia de pasivos ambientales derivados de las actividades desarrolladas”.

Finalmente da a conocer que el gobierno pretende que, una vez concluida la prórroga de diez años que está concediendo, las empresas tengan acceso a otra prórroga por cuatro años más, totalmente fuera de las previsiones de la ley. La norma claramente señala que “serán absolutamente nulos los permisos y concesiones adquiridos de modo distinto” al que se establece.

Como aspecto “particularmente llamativo” menciona que a pesar de “la magnitud de los derechos involucrados en el acuerdo”, no se ha dado intervención al Tribunal de Cuentas, “cuya opinión resulta sustancial y debería ser previa a la aprobación de la Legislatura”.

El dictamen lleva el número 03/2013, y fue emitido con fecha 14 de febrero del corriente, girado al Tribunal de Cuentas, a la Legislatura provincial, a la gobernadora y a los presentantes.