Efectivos de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Corrientes junto a sus familiares, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario, se reorganizan por estos días con el objetivo de definir los pasos a seguir para volver a instalar en el plano institucional y público un reclamo por mejores condiciones laborales y un mayor salario que, según ellos, no fue cumplido cabalmente.

Días atrás, volvieron a participar de las manifestaciones públicas y se sumaron a la convocatoria de la Multisectorial en contra de los incrementos de las tarifas de agua y energía y buscarán, próximamente, el acompañamiento del arco gremial, más aún teniendo en cuenta los fuertes condicionamientos que les impone a los uniformados la letra chica del reglamento interno.

Pese a que el principal reclamo del sector sigue siendo el de un incremento salarial al básico, las cuestiones derivadas de la lucha llevada adelante el año pasado también forman parte de la agenda.

Pese a la Ley de Amnistía sancionada en la madrugada del 2 de mayo de 2008 por la Legislatura provincial, que en teoría evitaba las sanciones a partir de la retención de servicios instrumentada como medida de fuerza, la cúpula policial fundamentalmente adoptó otras medidas que si bien no se contemplan como sanciones en el reglamento, no son “premios” precisamente.

El traslado a localidades a cientos de kilómetros del domicilio actual o de su familia, el cambio de funciones, turnos y horarios, son algunos de los puntos cuestionados.

De la misma manera, la falta de infraestructura y de móviles en condiciones es otro de los reclamos de las fuerzas.