Se extendió el pago del adicional y quedaría luego permanente. Pidieron cesantía de un referente de APPOLO y otros agentes.
“El adicional de 200 pesos seguirá siendo percibido por el personal policial para cubrir sus gastos por equipamiento”, confirmó el ministro de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde, la prórroga del beneficio en concepto de equipamiento policial.
“Se trata de un beneficio que pasará a formar parte del haber de nuestros policías como una asignación especial no remunerativa por la naturaleza del beneficio, que no es generalizado sino para una parte de los efectivos que cumplen tareas de patrullaje y de vigilancia, que en vez de recibir la ración de comida o el uniforme recibirán directamente esta suma extra para que puedan optar ellos mismos dónde gastar ese dinero”, finalizó el ministro.
Al no ser remunerativo, el beneficio no estará sujeto a aportes previsionales porque “a los policías retirados no les corresponde cobrar por equipamiento o por la ración de comida, por el simple hecho de que ellos, al estar jubilados, no necesitan uniformes, borceguíes ni comer en las dependencias policiales”, explicó el funcionario.
Pero mientras tanto, el Ejecutivo avanza en la concreción de la medida que conferirá carácter permanente a este beneficio, “prontamente a través de un decreto del Poder Ejecutivo”, dijo.
Con esta decisión, se prorroga por segunda vez el pago de esta suma que comenzó a abonarse en junio (tras la sanción en mayo de la Ley de Amnistía) y por tres meses. Luego, se extendió hasta noviembre y ahora, la intención sería pagar hasta marzo.
Cesantías
En tanto, desde la cúpula de las fuerzas policiales avanzaron con solicitudes de cesantías para algunos agentes que se manifestaron en las últimas semanas sobre el Puente General Manuel Belgrano, donde cada jueves reclaman mejoras salariales y laborales, junto a los gremios docentes y de la sanidad.
“Solicitaron mi destitución en grado de cesantía por estar en el Puente”, aseguró a “época”, el referente de la Asociación Penitenciaria Policial Organizada (APPOLO), Miguel Soto. El pedido estaría en Fiscalía de Estado y luego, a la espera de la firma del gobernador, Arturo Colombi del decreto que dejará a Soto afuera de las fuerzas.
Pero no solo sería Soto el agente cesanteado. “Habrían cuatro más”, dijo el abogado.
Así, Soto responderá agotando las vías administrativas y luego avanzará con un juicio contra el Estado provincial.
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