Varios fueron los ejes que desde el sciolismo resaltaron como fundamentales en lo que quiso ser la instauración de una renovada política de seguridad. Por un lado, tanto el gobernador Daniel Scioli como su Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, se jactan de apostar a la profesionalización de las fuerzas de seguridad. Fue este un elemento central cuando se lanzó la policía comunal y también cuando que pusieron en marcha en el último tiempo otros cuerpos de seguridad provincial (Comando de Prevención Comunitaria y Patrullas Rurales).

Por otra parte, mucho se habló desde el ejecutivo provincial sobre la necesidad de disminuir los niveles de violencia en la sociedad. En reiteradas oportunidades hemos escuchado al mandatario bonaerense decir que menos armas en la calle son la clave para disminuir el delito y la violencia.

Como Patria Grande ya nos hemos posicionado en otras oportunidades sobre la necesidad de pensar la seguridad desde otra perspectiva. Apuntar a una fuerza de seguridad preventiva y armada, centrada en el delito callejero no ha generado ni va a generar resultados efectivos para la población, salvo las fotos que necesita la dirigencia provincial para garantizar su puesta en escena. Mientas la policía se siga formando para atacar los eslabones más débiles de las cadenas delictivas, las redes de complicidad que las sostienen seguirán actuando.

Está claro que en las apuestas más fuertes de la campaña por la carrera presidencial que está llevando adelante Scioli se caracterizan más bien por ser contrarias a sus propias declaraciones. En primer lugar, porque pensar en fuerzas de seguridad con seis meses (o menos) de formación, es una contradicción evidente. La gravedad del asunto está en que no sólo la instrucción de los/as nuevos/as agentes es escasa y deficiente, sino y fundamentalmente que, como dijera el flamante Ministro de Seguridad, la formación efectiva se da en la calle, con el riesgo que implica que sean las mismas fuerzas las que se forman a sí mismas, reproduciendo sus vicios, entramados de corrupción y prácticas violentas, que todos/as conocemos.

A esto se suma la segunda contradicción. Mientras se habla de disminuir los niveles de violencia se sacan a la calle cada vez más personas armadas, menos formadas para el uso de la fuerza. De ahí que no sean casuales ni los casos de gatillo fácil ni los delitos en los que las armas utilizadas sean de la propia policía.

Este proyecto provincial en materia de seguridad tiene como uno de sus alumnos más obedientes al gobierno municipal de Pablo Bruera en la ciudad de La Plata, en donde la política de seguridad llevada adelante por el municipio apunta también a resolver la problemática del delito callejero, supuestamente a partir de su prevención. El bruerismo viene desplegando desde hace ya algunos años varias políticas de seguridad: cámaras, corredores seguros, patrulla municipal, con una alta visibilidad para la ciudadanía pero con muy pocos resultados concretos. La transparencia en este plano es un elemento que deja mucho que desear, ya que no hay información pública sobre qué se hace con esas políticas, cómo están reglamentadas y qué se pretende de cada una, no permitiendo que se logre hacer una evaluación de las mismas. Son políticas que apuntan más a ser vistas que a resolver las problemáticas reales de los vecinos. En este mismo sentido entendemos que la realización de a la audiencia pública para la selección del jefe municipal de la policía local fue más una puesta en escena que una verdadera instancia de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

A la hora de hablar de políticas, no solo hay que hablar de planificación, la cuestión del presupuesto se vuelve central para analizar hacia donde se destinan los recursos municipales, y de qué manera se utiliza ese dinero. Si vemos el presupuesto total para La Plata en este año, llama la atención la centralidad que adquiere la cuestión de la seguridad, en donde se destinó un presupuesto total de 25.666.877 de pesos contra unos 5.250.000 de pesos para tierra y vivienda, una de las problemáticas centrales que tiene hoy en día nuestra ciudad a partir de lo que fueron las inundaciones del 2 de abril y la fuerte especulación inmobiliaria que existe.

Por otro lado es necesario discutir qué se pretende de estas políticas, y en particular de las nuevas policías, porque si lo único que se pretende atacar es el delito callejero lejos se está de abordar el conflicto con seriedad. En este sentido la problemática de la seguridad se piensa en términos de control social: más cámaras, más policías, más control de las zonas consideradas “peligrosas”.

Como sociedad necesitamos una política seguridad que sea efectiva para atacar esos entramados que reproducen el delito y la violencia. Las fuerzas de seguridad tienen que estar pensadas en función de ese objetivo. Mientras las políticas públicas se sigan pensando para las cámaras y la tribuna la posibilidad de fracaso seguirá garantizada.

Leandro Amoretti