No parece una medida del todo original a pocas horas de que el Ejecutivo anuncie, precisamente, una recuperación de las asignaciones familiares, pero lo cierto es que la Defensoría del Pueblo de Corrientes, a través de la Resolución Nº 79/10, instó al Poder Ejecutivo Provincial a que arbitre las medidas necesarias para equiparar las Asignaciones Familiares locales a los montos establecidos en el orden nacional, y a su vez, solicitó informes a la Dirección de Personal de la Provincia y las oficinas locales de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) sobre los montos que abona cada repartición en concepto de asignación familiar, en especial por hijo/a discapacitado.

No se conoce si el Gobierno provincial podrá elevar los 175 pesos que se requerirían para equiparar el beneficio provincial con el nacional (ver página 6), pero Alegre resolvió la medida tras el estudio de normas y leyes vigentes que, basadas sobre principios de igualdad y equidad, determinan la paridad que debe existir en el pago de las cargas sociales que abonan Provincia y Nación. Se dio asimismo respuesta a una nota en la que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), planteó la necesidad de que el Ombudsman intermedie ante el Gobierno provincial para la actualización del salario por hijo a las cifras que actualmente abona el Estado nacional.

En la resolución, el Defensor señaló al Ejecutivo que "la Ley Nº 3.554 lo faculta a determinar por la vía del decreto, los importes que correspondan para actualizar las asignaciones a los valores que se abonan en el ámbito de la Nación, con lo cual un aumento en este sentido se ajusta al cumplimiento de una ley vigente". Sobre ese punto, indicó que los incrementos de sueldo son la mejor herramienta para producir una justa distribución de la riqueza y reducir las asimetrías entre sectores, y el único camino para lograr que el trabajador estatal pueda mejorar y vivir en condiciones dignas".

"El último incremento de asignación familiar se otorgó en septiembre de 2005, y desde entonces hasta hoy la provincia paga 45 pesos y la Nación 220 pesos. Pasaron más de cinco años sin actualización alguna, por lo que urge revertir esa situación de injusticia", argumentó Alegre. En ese rumbo, recordó que "el salario básico y de bolsillo que perciben los estatales correntinos ya está por debajo de la media nacional, lo que hace imprescindible tomar medidas tendientes a una distribución más justa de los recursos".

El Defensor también destacó que "la provincia vive un momento histórico, por la aplicación del Plan Federal de Desendeudamiento que mejora sustancialmente la situación económica, permitiendo optimizar los recursos financieros para hacer justicia y empezar a nivelar los montos salariales. Es tiempo de sentar las bases de un proceso real de recuperación salarial para los trabajadores estatales, de escucharlos y atender sus demandas", aconsejó finalmente Alegre.