El escenario fue la Corte Suprema de Justicia. Se trató de una audiencia pública para que el tribunal tomara conocimiento del estado del cumplimiento de las obligaciones para el saneamiento del Riachuelo.

El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Juan Mussi, llegó a la Corte con una carpeta debajo del brazo. Se acomodó, y comenzó a leer una lista de acciones genéricas de Acumar.

Sin demasiadas precisiones dijo que se consiguieron tierras para viviendas en Lanús, que está en camino el llamado a licitación para pavimentar el camino de sirga, que mediante un crédito internacional se iniciará una obra cloacal para La Matanza y que se firmaron un convenio con Ceamse para la limpieza de basurales.

Recordó además que asumió formalmente el 3 de enero en el organismo (acaso con la premisa de instalar la idea de que como es nuevo, aún no habría mucho para exigirle) y siguió con su discurso que tenía un estilo similar al de los tiempos de cuando abría las sesiones en el Concejo Deliberante de Berazategui.

Pero en este caso no contaría con los aplausos de la barra como el ex intendente acostumbraba en su distrito. Es que la Corte no tolera este tipo de excentricidades.

Tampoco las imprecisiones. Bastaron sólo tres minutos y trece segundos de su perorata para que Lorenzetti le dijera: -Señor secretario, ¿me permite interrumpirlo?

El presidente del máximo tribunal, primero le explicó a Mussi -sin eufemismos- que desde el punto de vista legal no había división en las gestiones, refutando eso de que él había asumido el 3 de enero.

Lorenzetti le aclaró que “la sentencia de la Corte establece una unidad de concepción en la ejecución del plan” y esa “unidad implica también que desde el punto de vista jurídico no hay distintas gestiones en Acumar, por eso queremos hacerles algunas preguntas”, precisó. Es decir, Mussi debía responder como responsable del organismo y por lo actuado por sus antecesores.

A continuación, el magistrado señaló que el Defensor del Pueblo de Nación, en un informe había señalado que en los primeros dos años de ejecución del plan para la limpieza de la Cuenca “hubo muchas variaciones en las cifras, deficiencias, falta de homogeneidad, plazos incumplidos, inconsistencia entre la información presentada entre lo informado a los tribunales y lo que sucede en el terreno”.

“Este es un primer punto importante –continuó Lorenzetti– porque hay muchas variaciones entre las cifras que se presentaron en las primeras audiencias y las actuales. Quisiéramos saber su opinión ¿en qué se ha mejorado en la ejecución del plan desde su comienzo hasta ahora?”, preguntó.

Mussi respondió: “Precisamente cuando yo enumeraba esto, no lo hacía en función de que esto pareciera ser que se produce de momento de quien habla llega a ese lugar. Esto es la consecuencia de que se ha podido ir destrabando paulatinamente una maquinaria, digamos, administrativa”, entre los gobiernos nacional, provincial, ciudad y 14 intendencias.

“Quizás dentro de la discusión humana que generan las cosas –añadió Mussi–, se han ido logrando previo a mi gestión (…) hechos que a nuestro juicio son positivos y esto que estaba enumerando yo creo que mirando la historia de las cuencas a nivel internacional estamos funcionando con hechos que a nuestro juicio son positivos” y resaltó la búsqueda de consensos entre nación, provincia, ciudad y municipios.

Mussi seguía con generalidades y trataba de salir del brete. Pero la pregunta del ministro Maqueda lo dejó sin palabras. Le mencionó un informe del propio Acumar donde reconocían que de 2009 a 2010 habían crecido de 149 a 217 los basurales.

-Estos nuevos 68 basurales, ¿Cómo se explica? ¿Qué paso? Acá hubo retroceso…

Acorralado por los interrogantes de la Corte, Mussi decidió irse rápido, no sin antes ponderar el “compromiso, idoneidad y honestidad” del juez Luis Armella.

No sólo expuso Mussi por Nación, sino que también hablaron representantes de Provincia y Ciudad.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia recriminaron a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense por la falta de información aportada y la imprecisión de las respuestas sobre las tareas de saneamiento del Riachuelo, y resolvieron continuar la audiencia en una fecha a definir.

Durante la audiencia se notó en las preguntas de los jueces el malestar por la falta de respuestas concretas.

"Estamos muy, muy en el aire", dijo la jueza Helena Highton de Nolasco, mientras Lorenzetti reclamó a los expositores concentrarse "en las cuestiones concretas" y les advirtió: "No hay estadística clara y la información está muy dispersa".

Más sobre lo que se dijo en la audiencia

Gutavo Villa Uría, presidente ejecutivo de Acumar trató de tapar los baches de Mussi y señaló que desde la creación de ese organismo se sanearon 135 basurales y que hoy la recolección de desperdicios no es al 100 por ciento, motivo por el cual también aumentaron.

Lorenzetti le preguntó al funcionario sobre las estadísticas de los niveles de contaminación del agua y el aire, ante lo cual Villa Uría dijo que "estamos mucho mejor de cuando se dictó el fallo", pero no dio precisiones.

Cuando Highton lo interrogó sobre la situación de contaminación con plomo que afrontan niños y adolescentes que viven en la cuenca, el funcionario sostuvo que eso se debe "al acopio de cartones" que realizan y no a las condiciones de la zona.

A Villa Uría también le faltó aportar los porcentajes de ejecución de las obras y acciones demandadas por la Corte.

En tanto, el subsecretario de Recursos Hídricos del ministerio de Planificación Federal, Fabián López, dijo que se construyeron más de 5 mil viviendas para la gente de la zona y que en total hay proyectadas más de 17 mil.

Por su parte, la jueza Argibay advirtió que en la Villa Inflamable, en Dock Sud, no hay cloacas ni agua potable, y tampoco llegan bidones de agua para la gente.

También expusieron el presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad de Buenos Aires, Javier Corcuera Quiroga, y el subsecretario de Asuntos Municipales del ministerio de Gobierno bonaerense, Alberto de Fazio.

Todos los funcionarios hicieron sus exposiciones con presentaciones en pantalla gigante, con estadísticas e información, pero los jueces advirtieron que contaban con esos datos y que buscaban precisiones.

La audiencia finalizó con la presentación del defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, sobre las dificultades para controlar el saneamiento del Riachuelo.

"Prácticamente todos los plazos que la sentencia fijó están vencidos. Hay muchas demoras en la ejecución de cada uno de los programas", sostuvo Sella.

El defensor agregó que en el desplazamiento a nuevas viviendas de la gente que vive en las orillas del Riachuelo se "deben garantizar los derechos humanos de las personas", quienes "no pueden ir a lugares peores de donde están".

Despouy, finalmente, sostuvo que sólo se pudo auditar una mínima parte de los programas de saneamiento.

La audiencia fue encabezada por los siete integrantes de la Corte, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Maqueda, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni.