Tras la modificación de la Ordenanza 1.079 que establece el libre acceso a las playas de la ciudad, se generó una duda en la comunidad sobre la situación de los clubes que funcionan sobre la ribera correntina. Concejales que participaron de la sanción explicaron a este diario que en el caso de las entidades deportivas prevalece el derecho a la propiedad que rige en el Código Civil, sobre el derecho público.

El concejal José Ramírez Alegre (UCR) explicó a época que hay distintas situaciones que se deben analizar.

No es lo mismo un balneario concesionado que debe pedir permiso para el uso de suelo a un club que está instalado durante décadas sobre la orilla del río, explicó.

“En el caso de Yacaré y Regatas son dos clubes históricos y tienen derecho de propiedad de los espacios que están ocupando, entonces acá hay que aplicar nomas el Código Civil”, manifestó.

“Desde el punto de vista público hay una obligación de los linderos de permitir el “camino de Sirga”, denominación técnica que se otorga al derecho de paso”, sostuvo Ramírez al tiempo que reseñó “esto no le permite a quienes pueden pasar por la playa a permanecer en ella. Para uso común, debe surgir una emergencia”.

Días atrás Cecilia Custidiano, secretaria general de la comuna, había indicado a este diario que una vez finalizadas las tareas de refulado, algunos balnearios concesionados deberán quitar el cerco perimetral para permitir el libre tránsito sobre las playas y sólo podrían cobrar por servicios prestados como sombrillas, silletas, entre otras prestaciones.

Con los trabajos de refulado se apunta a optimizar 1.600 metros de playa, había anunciado por su parte Adrián Giúdice de Turismo Municipal, quien también resaltó la nueva impronta social que se pretende conformar en el sistema de balnearios. Para ello, dijo, se puso a disposición de la población el servicio de transporte público de pasajeros, mejoras en el asfalto, deportes al aire libre comandados por profesores, entre otras cuestiones.

Sin embargo, en una recorrida que había realizado época días atrás para recabar opiniones en torno al “libre acceso”, la mayor parte de los entrevistados en un balneario concesionado, había manifestado la necesidad de pagar por tranquilidad, por algunas malas experiencias vividas en playa Arazaty.