La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió un informe que precisa que son 74 las personas involucradas en procesos por violaciones contra los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado que permanecen prófugas en distintas jurisdicciones del país.

Dentro del informe, se establece que Mendoza, con 21 personas, es la jurisdicción que mayor cantidad de prófugos registra. Le siguen Capital Federal con 14 y Rosario con 7.

Pero en Mar del Plata, al igual que en La Plata, existen seis personas prófugas por crímenes de lesa humanidad, lo que lleva a ambas localidades a compartir el cuarto puesto dentro de este informe.

De este relevamiento, realizado por este organismo que depende de la Procuración General de la Nación, se desprende que 39 integrantes de esta lista son militares: 33 revistaron en el Ejército, otros cinco lo hicieron en la Armada y un restante en la Fuerza Aérea.

La nómina se completa con once ex policías federales, siete fueron parte de cuerpos provinciales y otros siete son militares uruguayos requeridos en el marco de las investigaciones por el Plan Cóndor, el proyecto de coordinación represiva que desarrollaron las dictaduras del Cono Sur.

También se encuentran en calidad de evadidos seis civiles; cuatro integrantes del personal de inteligencia de las fuerzas armadas, y un informante en el Servicio Penitenciario Federal.

Además, figura en esta lista el sacerdote católico Franco Revérberi Boschi, que durante la última dictadura militar ofició como capellán auxiliar en el Escuadrón Auxiliar de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, en la provincia de Mendoza.

El integrante de esta nómina más antiguo es el marino Jorge Raúl Vildoza, cuya captura fue ordenada en 1987 por los crímenes cometidos en la ESMA, pero se benefició en su momento con la sanción de la Ley de Obediencia Debida.

Sin embargo, en 2008, Vildoza resultó requerido en una causa por sustracción de identidad que involucraba al niño Javier Gonzalo Penino Viñas, y por la cual permanece detenida su esposa, Ana María Grimaldos.

También se destacan los casos del ex teniente coronel Antonio Andrade Arrechea, ex jefe de la policía tucumana, quien registra órdenes de captura en tres causas; los ex oficiales Jorge Horacio Páez y Carlos Luis Malatto, y del ex teniente del Ejército, Eduardo Daniel Vic.

El informe establece que, en términos proporcionales, estos 74 prófugos representan el 13 por ciento de los 561 condenados por crímenes de lesa humanidad, y un 6,5 por ciento de los 1135 procesados por estos delitos.

En tanto que Mendoza, con 21, es la jurisdicción que mayor cantidad de prófugos registra, con un total de 21; Capital Federal le sigue con 14; Rosario con siete; La Plata y Mar del Plata con seis cada una y Bahía Blanca con cinco.

Mientras que los distritos de San Martín, Salta y Córdoba suman tres cada una; Tucumán y Resistencia dos y los de Posadas, Paraná y Comodoro Rivadavia una.