La tasa triplica al crecimiento de toda la administracion pública, que en los últimos siete años fue del 27,8%.
Los empleados legislativos informados por el gobierno pasaron de 943 a 1791 entre 2007 y 2013.
La cifra es significativa en el marco del debate por los problemas financieros que atraviesa la Provincia y el sobredimensionamiento del empleo público, que se lleva la mayor parte de la erogaciones del erario.
Salvo en el caso de las Autoridades Superiores, que tambien crecieron significativamente, con un 65% -pasaron de 601 en 2007 a 997 en 2013-, el resto de las categorias en que se divide la administración se mantuvo dentro de los márgenes razonables para el promedio general.
El personal de Seguridad, por ejemplo, creció un 34,3%; Salud, un 29,6%; Docentes, 24,3%; Viales un 19,5% y Justicia un 11,8%.
La diferencia en los porcentajes de incremento de personal de las distintas áreas marca tambien el distorsionado orden de prioridades del poder político.
El gasto en personal en Parlamento crecio muchísimo mas que el de áreas prioritarias vinculadas a la atención de problemáticas criticas, como la seguridad, las adicciones y la educación.
De 2007 a 2011, mientras gobernaban el Frente Cívico y Social, con Eduardo Brizuela del Moral, el estado pasó de tener 33.783 empleados a 40.614, lo que implica un crecimiento de un 20,2%.
En los primeros dos años del gobierno de Lucía Corpacci, la cantidad de empleados ascendió de 40.614 a 43.194: un aumento del 6,3%.
En diciembre de 2011, cuando estaba finalizando su gobierno Brizuela del Moral decidió el pase a planta permanente o la estabilización de mas de 3000 empleados, una medida que generó duras críticas de la administración que recién asumía, que de todos modos la confirmó.
De acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda, en el último año de la gestión de Brizuela del Moral el plantel de agentes de la administración pública incorporó 2529 personas.
La gran cantidad de empleados públicos se ha transformado en un cuello de botella muy dificil de superar.
Las dificultades se acentúan en un escenario político signado por la presión de los agentes públicos de las distintas reparticiones por aumentos salariales, anticipadas por la revuelta policial de diciembre, tras la cual la fuerzas de seguridad le arrancaron al gobierno un incremento del 44%.
Entre las medidas tendientes a reducir el gasto de personal, el Gobierno promueve la jubilación de unos 1000 empleados que cumplen con los requisitos de edad y aportes para retirarse y podrian acogerse al régimen del 82% móvil.
Incrementos
P. LEGISLATIVO 89,9%
AUT. SUPERIORES 65,8%
GENERAL 51,8%
SEGURIDAD 34,3%
SALUD 29,6%
DOCENTES 24,3%
VIAL 19,5%
JUSTICIA 11,8%


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