Tras semanas de polémicas, confusión y especulaciones, el gobierno municipal salió ayer a explicar por primera vez los alcances del Plan de Seguridad Integral que anunciará oficialmente el intendente Humberto Zúccaro.
Para ello, el Municipio encarará, íntegramente con fondos nacionales y sin afectar partidas presupuestarias propias, la incorporación de siete móviles blindados equipados con GPS que patrullarán el distrito y que serán tripulados por un empleado municipal y por un efectivo de fuerzas de seguridad en actividad o retirado.
Esa novedad se complementará con la función que ya vienen cumpliendo las alrededor de 40 cámaras ubicadas estratégicamente y que son monitoreadas desde la base de operaciones montada en Ana Mogas. Esos ojos electrónicos que graban imágenes a lo largo de las 24 horas se irán multiplicando a partir de un convenio firmado entre el Municipio y la cooperativa TelViso con el fin de que todas las personas físicas u organismos privados que lo deseen puedan contratar cámaras y sumarse así al sistema de monitoreo, que seguirá bajo el control municipal.
“Las cámaras van a estar acotadas a un valor razonable. Esas cámaras las van a poner los que tienen recursos pero van a beneficiar también los que no tienen porque todo va a estar monitoreado por el Municipio. No se trata sólo de los countries porque también, por ejemplo, las empresas del Parque van a poder sumarse. Y, donde se crea necesario, la Municipalidad también podrá ir sumando cámaras. Hoy tenemos una base armada para sostener 350 cámaras”, resaltó el secretario de Gobierno.
De esta forma, termina de desvanecerse el proyecto que había circulado en un primer momento en el Concejo Deliberante, que consistía en que los countries y barrios privados que pretendieran tener cámaras de seguridad monitoreadas desde el centro municipal debían pagarle a la Comuna 500 pesos por aparato.
“Permitimos que las cooperativas también suban cámaras, y en ese trabajo conjunto pueden entrar los privados. Como el gerenciamiento va a ser más fácil y menos burocrático, el negocio es que nos sirve a nosotros para monitorear la seguridad. La cooperativa por el servicio te va a cobrar un costo como si fuese Internet. Lo que no puede ceder la Municipalidad es el monitoreo”, explicó el funcionario.
Además, al menos en una primera etapa, los privados que deseen tener cámaras no deberán pagarle al Municipio el costo del monitoreo. Sin embargo, no se descarta que en el futuro pueda aplicarse ese cargo adicional.
Consejo de Seguridad
Por otra parte, Male descartó de plano uno de los puntos más controvertidos con los que se especuló en los últimos días: la posible creación de un Consejo de Seguridad integrado por el gobierno y por representantes de urbanizaciones privadas.
“Lo que muchos denominaron en los últimos días consejo de seguridad no es más que un trabajo coordinado que venimos manteniendo y que seguiremos sosteniendo entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, la fiscalía, el Municipio, el centro de monitoreo, y los equipos de seguridad de los distintos countries y barrios privados. El gobierno solo no puede hacer nada, la policía sola tampoco y los privados solos tampoco; por eso tenemos que coordinar las acciones y eso es también lo que nos permite la conectividad y la tecnología”, aclaró el secretario de Gobierno.
Además, el funcionario confirmó que esta tarea demandará cambios en el organigrama municipal que también serán anunciados el martes próximo. En ese sentido, el ex comisario Juan Carlos Losada –hoy con rango de subsecretario- ocupará la nueva Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, y tendrá bajo su órbita a la subsecretaría que conducirá el actual responsable del centro de monitoreo municipal, Osvaldo Lofiego, quien se encargará de controlar a las nuevas patrullas y de establecer la conexión entre la policía y la información captada por las cámaras.
En una primera etapa serán alrededor de 50 los efectivos, entre personal de fuerzas de seguridad y municipales, que estarán abocados a cumplir funciones a bordo de las siete patrullas de prevención. La idea del gobierno es que en el corto o mediano plazo esa cantidad se cuadriplique, tanto en cantidad de móviles como de recursos humanos. Este plan estará reforzado con una línea telefónica gratuita (0800) para que los vecinos puedan realizar denuncias o formular inquietudes vinculadas al plan de seguridad local.
Parecido y diferente
Como en Tigre, pero con recursos ajenos
El secretario de Gobierno municipal Ricardo Male se encargó de subrayar que la aplicación del plan de seguridad será financiada íntegramente con los recursos económicos aportados por la Nación para que los municipios concreten la instalación de cámaras. Los primeros siete móviles preventivos comunales, con su respectivo personal, se solventarán con parte de la primera partida presupuestaria que rondó los 3,6 millones de pesos.
“Hemos hecho muy bien los deberes con la primera remesa de Nación, somos uno de los pocos municipios que hizo rendición de cuentas de todo lo que hizo con la licitación, el monitoreo, las cámaras y los cables; hicimos muy bien las cuentas así que ahora –a más tardar mañana- ya nos viene la segunda remesa de una suma similar a la primera. Todo esto se hace con el dinero de Nación, la Municipalidad no ha gastado un peso”, subrayó el funcionario.
Además, trazó una comparación: “En el caso de Tigre, todo este sistema está metido en el presupuesto municipal porque ellos no invirtieron en la plataforma para el centro de monitoreo; nosotros la compramos y por eso no tenemos dependencia tecnológica. Esto es una cuestión de Estado, acá no hay afectado presupuesto municipal como en Tigre; acá un intendente se va y esto sigue funcionando solo”.


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