El diputado nacional por la Coalición Cívica Juan Carlos Vega presentó ayer un proyecto de ley en el Congreso Nacional que propone exactamente lo mismo que el que impulsa el schiarettista/delasotista y también diputado Francisco Fortuna: que la asistencia financiera de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a las cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación dejen de depender de un convenio bilateral que el Gobierno central firma o no con cada provincia y que las partidas de dinero se giren en forma automática para evitar que se acumulen montos como los 745,5 millones de pesos adeudados a Córdoba desde enero.

Vega se comunicó con Fortuna apenas se enteró del proyecto e ingresó una iniciativa que se diferencia en los fundamentos y en un solo artículo, el último, en el que invita a los diputados y senadores nacionales por Córdoba a respaldar esta “política legislativa”.

“Le llamo política legislativa porque me parece que este tema trasciende en mucho a cada partido político; más bien tiene que ver con una política de Estado para Córdoba. De hecho, podemos votar el proyecto de Fortuna, el mío u otro similar, lo importante es que consigamos esto que es muy importante para el futuro de la Provincia”, explicó Vega.

La variante en los fundamentos tiene que ver con la larga trayectoria de Vega vinculada a los derechos humanos y al desempeño de Argentina en relación a pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional para el país.

“Cito tanto normas internacionales que ha suscripto Argentina como jurisprudencia, es decir, casos en los que Argentina ha llegado a acuerdos con otros países, que han sido firmados por Cristina Fernández como presidenta y que dan fundamento al planteo que en estos momentos está haciendo Córdoba. Por ejemplo, hay un acuerdo al que se llegó con Perú en cuestiones previsionales a partir del caso de cinco personas pensionadas de nacionalidad peruana”, explicó Vega.

“Además, en los fundamentos agrego la necesidad de que se respete el 82 por ciento móvil y la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina en el caso Badaro”, sostuvo Vega.

Un pacto fiscal obliga a la Nación a financiar parte del déficit en que incurran las cajas provinciales que no fueron transferidas a la Nación. Ese pacto fue refrendado hace año por el Congreso, con lo que tiene fuerza de ley. Pero la ley no define las condiciones ni el cómo. Esas dos cosas se establecen en convenios que firma la Nación con cada provincia.

En el caso de Córdoba, hay un convenio vigente que la Nación está incumpliendo desde enero, por lo que acumula una deuda de 745,5 millones de pesos a septiembre. El convenio vigente vence el 31 de diciembre y el gobernador electo, José Manuel de la Sota, debería negociar otro acuerdo con la Nación, además de conseguir que luego esa letra se cumpla, lo que implica una fuerte condicionalidad política para la provincia.

La ley que proponen Fortuna y Vega establece en forma sistemática un esquema en el cual, según el grado de cumplimiento por parte de las provincias de las condiciones que ha venido imponiendo la Nación y la cantidad de beneficiarios de sus cajas, les corresponde determinado nivel de asistencia financiera (que en volumen de dinero no es mucho más que el que ha venido comprometiendo la Nación, aunque luego no lo ha cumplido). Una vez determinada esa asistencia, el giro de los fondos es automático, al igual que lo es la coparticipación, y deja de depender de la discrecionalidad del gobierno nacional.

Fortuna confía en que varios de los legisladores de las otras 13 provincias que no transfirieron sus cajas podrían respaldar su proyecto.

La excepción podrían ser bonaerenses, chaqueños, santacruceños y fueguinos: las cajas previsionales de esos distritos, tradicionales aliados del Gobierno nacional, a diferencia de las demás cajas, no sólo no han tenido demoras en el envío de fondos, sino que han recibido más recursos que los que les hubieran correspondido si la Anses se pusiera tan firme como con otros distritos a la hora de exigirles el cumplimiento de las mismas condiciones.

Muy diferente es la situación de Córdoba y Santa Fe. Además de los retrasos de este año, la provincia que gobierna Hermes Binner le reclama a la Nación ocho mil millones de pesos por diferencias vinculadas al financiamiento de su Caja.

Dos que buscan apoyo

Francisco Fortuna. El diputado cordobés del PJ presentó un proyecto de ley para que los fondos que la Anses debe girarles a las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales se transfieran de manera automática y dejen de depender de convenios bilaterales. Se trata de una reacción por los 745,5 millones de pesos que la Nación ya adeuda a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Santa Fe es otra de las perjudicadas.

Juan Carlos Vega. El diputado por Córdoba de la Coalición Cívica ayer presentó otro proyecto de ley que agrega fundamentos al de Fortuna, y además anexa un artículo final, que convoca a todos los legisladores nacionales por Córdoba a unirse a la iniciativa. El legislador recordó en sus fundamentos el Pacto Fiscal y la larguísima jurisprudencia previsional de la Corte. Aspira a que también se sumen los legisladores de otras 12 provincias.