Envalentonado tras el triunfo electoral y entendiendo que tiene el respaldo popular de su lado, el gobernador, Alfredo Cornejo, quiere dar el mayor paso en su plan de reformar la Justicia: ampliar la Suprema Corte de Justicia y llevar los siete miembros actuales a nueve.

El proyecto, que le permitiría al oficialismo asegurarse la mayoría, ingresó ayer por la tarde al Senado provincial con las firmas de los senadores radicales Juan Carlos Jaliff, Marcelo Rubio y Adrián Reche, justo sobre el cierre del período de sesiones ordinarias de la Legislatura, lo que permitirá tratarlo en las próximas semanas.

Los autores del proyecto sostienen que esa ampliación le dará a la Corte un instrumento para agilizar y mejorar el servicio de Justicia, reduciendo así el tiempo que demoran en resolver las causas que se acumulan en sus despachos, un objetivo enunciado una y otra vez por Cornejo desde que asumió.

El máximo tribunal mendocino, de acuerdo a lo fijado por la Constitución de 1916, debe tener “al menos siete miembros”. Es decir que fija un piso pero no un techo, por lo que para ampliarla basta una ley, que se aprueba con el apoyo de la mayoría simple de las cámaras, algo que hasta abril tiene garantizado el Ejecutivo.

Claro que, luego, los nombres que proponga para ocupar esas dos nuevas sillas deberán contar con el aval de dos tercios del Senado, para lo que sí o sí deberá negociar con el peronismo, muy debilitado y más dividido de lo que parece tras la paliza que recibió en las elecciones de hace nueve días.

Justificación y argumentos

Esta “solución” que el oficialismo quiere “aportar” a la Justicia está relacionada con un informe del Ejecutivo que circuló los últimos días y que se explicita en los fundamentos del proyecto: hay más de 200 detenidos con sentencias de instancias inferiores que esperan el fallo de la Corte a las apelaciones que presentaron.

Pero claramente detrás de esa intención también está la de poder hacer pie definitivamente en un poder que le ha sido esquivo y que desde un sector de la Corte (ver aparte) se ha mostrado desafiante, transformándose a medida que han pasado los meses en la principal oposición a Cornejo, ante la ausencia de una oposición política y legislativa fuerte.

“Es una medida de alto impacto y también de alto riesgo, porque si en un año la Justicia no mejoró el Alfredo ya no va a tener a quién echarle la culpa”, respondieron desde uno de los principales despachos de la Justicia ante la consulta de este diario, a la espera de ver el proyecto.

A estas nuevas vacantes que se generarán de aprobarse la ley, podrían sumarse otras si finalmente se jubilan dos jueces que tanto en Tribunales como en el Ejecutivo van camino a tomar esa decisión: el presidente de la Corte, Pedro Llorente, y Jorge Nanclares.

Ante este panorama, ya hay algunos nombres que asoman como fuertes candidatos. Uno es el de Dalmiro Garay, ministro de Gobierno y figura clave en muchas de las decisiones relacionadas con la Justicia y los empleados públicos.

El otro es el de Teresa Day, segunda del procurador Alejandro Gullé y especialista en derecho penal, que además calmaría los reclamos por la actual ausencia de mujeres en el máximo tribunal.

Reforma profunda

El proyecto presentado ayer, que cuenta no sólo con el aval sino también con letra del Ejecutivo, implica una reforma de la ley 4.969, que es la que regula el funcionamiento de la Corte.

El texto de los senadores dispone sumar una sala, aprovechando que ahora serán nueve los miembros y que contando al presidente de la Corte, que ahora sólo tiene funciones administrativas, se pueden armar tres tríos, modificando así la integración y la competencia actuales.

Actualmente, la Sala I es la dedicada a las causas civiles y comerciales y la mitad de las comprendidas por el Derecho Administrativo. La integran Alejandro Pérez Hualde, Nanclares y Julio Gómez.

La Sala II tiene una competencia más ecléctica: penal, laboral y la otra mitad de los casos administrativos. Allí están José Valerio, que expresa la mano dura del Gobernador; Omar Palermo, identificado con el garantismo, y el pendulante Mario Adaro.

El proyecto oficialista propone una sala con competencia Civil-Comercial y otra dedicada a las causas laborales. Entre las dos se repartirían las administrativas.

Una tercera sala tendrá como competencia exclusiva la penal, dando así prioridad a la temática sobre la que más ha insistido Cornejo.

Como seguramente Adaro optaría por la laboral, uno de los “nuevos” iría directo a ocupar una silla en la nueva sala penal, logrando así junto a Valerio una mayoría ante Palermo que hoy se le niega a menudo.

“Ahora se acumulan miles de causas por año y pretendemos ayudar a la Corte con esta modificación”, argumentó Jaliff y remarcó que ya era hora de hacer un cambio tras 101 años de la integración mínima fijada por la Constitución.

Esa acumulación a la que se refiere el principal operador de Cornejo en el Senado tiene números concretos en los fundamentos del proyecto: desde 2015, la Sala II ha recibido 1.651 causas laborales y 1.709 penales, además de 495 administrativas.