Con la puerta de salida política por ahora cerrada, los decretos por el Fondo del Bicentenario y la expulsión de Martín Redrado siguen atrapados en la maraña judicial. Ayer, la novela dio un nuevo giro y volvió a poner en manos de la jueza María José Sarmiento la resolución del conflicto. Desarmada, la Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo decidió regresar el expediente a la magistrada para que dé respuesta a las apelaciones del gobierno nacional.
Finalmente, tras la recusación sin causa presentada por el diputado del PRO Federico Pinedo que obligó a López Castiñeira a apartarse del expediente, la Cámara –con uno solo de sus miembros– devolvió los planteos a la jueza para que los "sustancie". El miércoles Sarmiento había elevado las causas sin sustanciar los recursos de apelación interpuestos por el Gobierno contra sus fallos. Argumentó que lo hacía por "la urgencia" y "la gravedad institucional" del caso. Un día después, el búmeran tocó a su puerta.
Nuevamente en primera instancia, la resolución a las apelaciones se demoraría al menos una semana, por lo que no sería Sarmiento quien defina. El lunes, la jueza ya no estará a cargo de la feria y será reemplazada hasta fin de enero por Ernesto Marinelli.
Mientras tanto, el pago de vencimientos de la deuda externa con reservas del Banco Central y la desvinculación de Redrado continúan suspendidos.


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