Hasta fines del año pasado tuvo a cargo la Subsecretaría de Defensa del Consumidor; pero la trayectoria de María Lucila “Pim­pi” Colombo en la ciudad es de larga data. Recibe a Diario Z en la sede central del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), entidad que fundó en 1983 de la mano de Abeladro Ra­mos. Fue legisladora porteña por Nueva Dirigencia y forma parte del kirchnerismo desde 2003, cuando asumió la dirección del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.

¿Qué rol juegan las amas de casa en el cuidado de los pre­cios?

La defensa del derecho al consu­mo es algo que intuitivamente las amas de casa siempre hacemos. Es la defensa de lo que se ha con­quistado en estos diez años: todos hemos podido crecer. Sobre todo los sectores populares, que han accedido a más bienes, servicios y oportunidades. Durante todos estos años hubo un sostenido au­mento del derecho del pueblo a acceder al consumo. Digamos, la economía tiene sus complejidades. Pero hay acceso al consumo por­que hay mayor poder adquisitivo, los sectores populares se consoli­dan a través de los sindicatos, ne­gocian condiciones de trabajo, sa­larios. Cuando uno dice que quiere defender el acceso al consumo, no está pensando solamente en tener plata: está pensando en un siste­ma que tiene que funcionar y tiene que producir. No puede ser el viejo sueño oligárquico de la Argentina agroexportadora porque es dejar a un cuarto de la población afuera sin trabajo. Si no tenés industria, no tenés trabajo; si no tenés trabajo, no tenés sueldos; si no tenés sueldos, no tenés ingresos para acceder al consumo. Esto ya lo vivimos y es una espiral que nunca va para arriba sino para abajo.

Una vez que ya se amplía el acceso al consumo, ¿cómo se hace para cuidarlo?

El cuidado tiene distintas patas. Algunas dependen de las políticas del Estado: la promoción de la in­dustria, facilitar el acceso al crédito, cuidar que no ingresen productos importados a precio vil, que se mantenga el poder adquisitivo del salario. Hay otra pata que depende de la comprensión por parte del sector empresario, que ellos son parte del mundo en el que vivimos… eso es siempre complicado. Pero si perseveramos se va a comprender que ganamos todos los que somos socios del proyecto de inclusión. No sólo los pocos que siguen siendo ese 2% que son dueños de la mitad de la producción de trigo de la Argen­tina. Muchos sectores industria­les y comerciales, que han hecho mucho dinero durante estos años, a veces conservan conductas es­peculativas, temerosas, en vez de ponerle la fuerza que el gobierno le ha ido poniendo. Si este sector se la jugara, si invirtiera más… Y después están los trabajadores que sostienen, por volumen, el merca­do interno. No son pocas las herramientas para de­fenderse, legales y de política. Podés denunciar los abusos y hay un Estado que recibe esos reclamos. No es que hay que ir a pelearse con el almacenero del barrio o con el chico de la caja del supermercado. Por eso es necesario que el Estado brinde herramientas para recoger los reclamos.

No es lo mismo una denuncia aislada que 3 mil reclamos similares hacia la misma cadena.

Claro. Los sindicatos en esto también jugamos un rol importante. La presidenta nos ha convocado a cuidar los precios. Y para hacerlo, primero hay que conocer los derechos. Esto es como cualquier otro tema: una parte la puede resolver la legislación, otra parte el Estado, pero la militancia no se puede sustituir. No es ir a escrachar un supermercado, no sirve. Hay que tener presencia, informar a la gente y tener abiertos los canales para ser una vía más para que a las auto­ridades les lleguen las quejas.