El tema corresponde al Estado Nacional y en este caso a la Secretaría de Comunicaciones, por tratarse de una materia reservada a la competencia federal, por esto el pedido se dirige a la Secretaría de Comunicaciones a cargo de Norberto Berner.

El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, consideró que “en la materia referida a la deficiencia en las telecomunicaciones lleva ya mucho tiempo sin que esta se normalice y en la actualidad el universo de aparatos celulares se calcula en más de dos unidades por habitante de los 40 millones de ciudadanos de la República Argentina; dicho esto con la consiguiente saturación y puesta fuera del sistema de las compañías que digitan este meganegocio donde siempre es el que pierde su dinero y su tiempo, el propio usuario y consumidor, con un agravante para el que abona el servicio que está totalmente a merced de las prestatarias”.

Se dejó constancia de que en la presentación del proyecto que la Defensoría del Pueblo “no habla para nada de la falta de inversiones por parte de las empresas de telefonía celular, y de la correlativa inexistencia de infraestructuras (antenas y nuevas celdas) a lo largo y a lo ancho de la provincia y de todo el NEA que nos permita obtener estándares de calidad, por servicios altamente deficitarios y sumamente costosos para todos los usuarios”.

En ese contexto, se señaló que la Secretaría de Comunicaciones de Nación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 681/13, publicado en el Boletín Oficial puede disponer la suspensión de la comercialización y activación de nuevas líneas y servicios por parte de las licenciatarias, a fin de garantizar al usuario el efectivo cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios de telecomunicaciones como así también asegurar el fortalecimiento de las condiciones de competencias en el sector.

Por ello el organismo de la Constitución solicitó que “se declare de interés institucional peticionar a la Secretaría de Comunicaciones de Nación que, en el marco de la competencia que le confiere el Decreto 681/13 disponga para la jurisdicción de la provincia de Formosa la suspensión preventiva de la comercialización y activación de nuevas líneas y servicios por parte de las licenciatarias de telefonía celular que desarrollan su actividad en el medio, evitando de esa manera un mayor deterioro en la calidad de los servicios de la telefonía celular móvil en nuestra jurisdicción, y se requirió también elevar idéntico pedido a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a los efectos que se coordine acciones con la secretaría de comunicaciones, para la implementación de la medida requerida”.