Con la intención de analizar acciones para afrontar la crisis del sector olivícola catamarqueño, la delegación local del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (renatre) convocó ayer una reunión con intendentes de distritos en donde hay emprendimientos de este rubro. Al encuentro fueron invitados Gustavo Jalile (Valle Viejo), Omar Santucho (Huillapima), Francisco Gordillo (Pomán), Lucas Carrazana (Saujil), Pablo Názar (Capayán) y Simón Quintar (Tinogasta). Finalmente, asistieron Santucho y Gordillo, y el secretario de Producción de Saujil, además del delegado de UATRE, Ramón Ferreyra, aunque el resto estuvo al tanto del resultado del cónclave.

El tema principal de análisis fue la problemática que atraviesan las olivícolas por, entre otros factores, la caída del precio internacional de aceite, que motivó decenas de despidos en los últimos meses. Según dijo la titular del renatre, Myrian Juárez, hasta el mes pasado hubo 200, lo que muestra el crítico panorama del sector.

Por ello, tanto Juárez como los jefes comunales coincidieron en que se necesita acciones urgentes para revertir este escenario y evitar que se sigan produciendo despidos.

En este marco, se consideró imprescindible gestiones a varios niveles para lograr la implementación de subsidios y reducciones tributarias a las empresas, además de activar los mecanismos para facilitar la reconversión varietal por especies de mayor rinde.

"Necesitamos medidas concretas cuanto antes para evitar que los despidos se sigan produciendo", señaló Juárez.

Por eso se solicitó la intervención del Ministerio de Producción y Desarrollo, y se pidió una reunión con el ministro Juan José Bellón para el viernes 7 de la cual participarían los intendentes y sus referentes productivos.

La jefa del renatre local recordó el impacto social que los despidos están produciendo en las localidades en donde la actividad olivícola es fuerte, y mencionó que están quedando sin trabajo empleados de planta con varios años de antigüedad.

La preocupación por la crisis de las empresas olivícolas ya produjo reacciones políticas como la del municipio de Pomán, que aprobó una ordenanza que exime a los emprendimientos de los cargos comunales por seis meses para reducir sus costos de operación.