León fue citado ayer por el fiscal Amayusco para que amplíe la información que presentó hace ya dos años, cuando denunció a Juez por "enriquecimiento ilícito". La reapertura de la investigación guarda relación con las actuaciones hoy a cargo del juez federal Claudio Bonadío, por los posibles depósitos por 5 millones de dólares del ex intendente en paraísos fiscales en el Caribe.

"Le dije a Amayusco que averigüe el patrimonio de Ahumada, inclusive de uno de sus hijos, porque a mi entender sus declaraciones juradas señalaban que no tenía propiedades y creo que ahora tiene autos, bienes inmuebles y cuentas bancarias", dijo León al salir del despacho judicial.

Tal vez el relato más sustancioso, según declaró León después a la prensa, fue cuando el ex juecista comentó de dónde había sacado él la información sobre pagos de "retornos" a Juez por las sucesivas y generosas prorrogas del contrato de concesión a través de decretos.

En este punto, León le dijo que la información se la había suministrado Marcelo "Toto" Torres, un funcionario de Juez que inicialmente había ingresado a la gestión en el área de Economía. "En dos oportunidades Torres, un cuadro del Grupo Liceo, me había dicho que Juez y Rubén Borello habían acordado con una empresa en Bolivia, para pagarle los favores con depósitos de dinero en bancos del exterior", dijo.

Precisamente, el principal conflicto que tuvo León con Juez mientras el primero era presidente del Tribunal de Faltas, fue el pago de un certificado de servicios por 5,2 millones de pesos (enero de 2005) sin que estuviera visado por el organismo de control.

Cuando se produjo la ruptura con Juez, León hizo, por este pago, otro planteo judicial ante Amayusco por presunto "abuso de poder" de parte de Juez, pero la denuncia ha dormido el sueño de los justos durante casi tres años, aunque ahora podría reactivarse.

Este pago incorrecto fue a comienzos de 2007, pero León nunca hizo la denuncia debido a que habría existido la promesa de Juez de ponerlo en un lugar expectable en la lista de diputados nacionales en los comicios del 2 de setiembre. Luego de que Juez no cumpliera con su presunta promesa, León presentó la denuncia.

La empresa facturaba 3,2 millones de pesos cuando Juez llegó al municipio el 10 de diciembre de 2007, y cuando se retiró cuatro años después, estas facturaciones ascendían a 16,5 millones. No sólo el notable crecimiento da lugar a suspicacias. También que todas las renovaciones de concesión que realizó el ex intendente a la prestataria fueron por decreto, después que en medio de su gestión venciera la concesión. Obviamente, el servicio tampoco nunca fue licitado.