El juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos más grande e importante de la historia de Tucumán, por la cantidad de víctimas y de acusados involucrados, aún no tiene fecha.

Se trata de la megacausa "Arsenales II-Jefatura de Policía II"- recientemente unificada-, en la que se buscará llegar a la verdad sobre el trágico final que tuvieron 235 personas que fueron torturadas, vejadas y asesinadas durante la última dictadura en esos dos centros clandestinos de detención.

Por estos crímenes de lesa humanidad, están imputados varios ex militares y policías; pero además, por primera vez desde que se reabrieron las causas, figuran entre los acusados civiles que colaboraron con la represión de estado, como es el caso del escribano Juan Carlos Benedicto y el cura católico José Mijalchik.

La posibilidad cierta de que el debate no comience en septiembre, como estaba pautado, genera malestar entre quienes integran la parte acusadora.

Tanto la abogada querellante, Julia Vitar, como el fiscal ad hoc en las causas de delitos de lesa humanidad, Pablo Camuña, reclamaron mayor celeridad al Tribunal Oral Federal (TOF) a los fines de que el proceso, que será extenso, se inicie cuanto antes.

"Queremos que el juicio empiece cuanto antes, no se puede seguir dilatando el plazo por la enorme expectativa que hay por parte de los familiares de las víctimas. Cuando la Justicia es tardía, se va perdiendo la esperanza. El tiempo de la Justicia es muy distinto que el tiempo de los demás, sobre todo de los familiares", expresó Camuña.

En declaraciones a EL SIGLO, el fiscal recordó que "también hay que tener en cuenta que la mayoría de los imputados son personas de edad avanzada, cuyo ciclo de vida se va agotando, y deben ser juzgados. De hecho, desde que se unificaron las causas, ya se murieron dos de los imputados: Villegas y Paz", ejemplificó.

El letrado advirtió, además, que "este es un juicio que tienen una gran complejidad, porque será el más importante desde que se comenzó con el proceso de reapertura y juzgamiento de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura". En tal sentido, señaló que "estamos hablando de un expediente que consta de más de 500 cuerpos, una cantidad de prueba considerable, con 41 imputados y 235 víctimas, lo que implicaría además la presentación de aproximadamente 400 testigos, solamente por parte de la acusación. Por eso, la voluntad de Fiscalía es que comience cuanto antes, y con esa misma lógica se realizó la unificación de las causas, para permitir un proceso más rápido", recalcó.

“Un proceso largo”

Camuña estimó que "seguramente el juicio tendrá inicio antes de fin de año, aunque eso no depende de la Fiscalía, sino que es algo que debe resolver el TOF. Será un proceso largo y eso también debe ser tenido en cuenta", insistió.

Por otro lado, el fiscal ad hoc anticipó a este diario que "desde la Fiscalía se solicitó que se concreten al menos tres audiencias por semana, para permitir un avance más rápido, como se hizo en otras jurisdicciones".

Uno de los motivos por los que aún no se fijó fecha para el inicio de las audiencias es el estado de salud del represor condenado Luciano Benjamín Menéndez, uno de los acusados. En principio, el TOF resolvió apartarlo, pero dio marcha atrás luego de que un Tribunal Federal de La Rioja resolviera juzgarlo, a partir de un informe médico oficial que así lo sugirió. Los jueces tucumanos habían dispuesto suspender la citación de las partes a juicio, hasta tanto un cuerpo médico forense de la Corte vuelva a revisar a Menéndez para establecer si puede o no ser parte del proceso.

Sin embargo, el pasado 16 de agosto, el TOF, con la firma de los jueces Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, hizo lugar a un planteo de la querella y emitió una resolución ordenando que en 10 días hábiles las partes examinen las actuaciones, los documentos y ofrezcan las pruebas.

A propósito, Camuña informó que "a la Fiscalía ya se la notificó, pero hasta el momento no se cumplió con el aviso a las partes, y recién entonces comenzará a correr un plazo de 10 hábiles para la presentación de pruebas y testigos".

"Letargo burocrático"

Por su parte, la abogada Julia Vitar dijo que desde la querella están "haciendo todo lo que está a nuestro alcance para presionar al TOF a los fines de que ponga fecha de inicio del juicio de manera urgente y termine con el letargo burocrático del accionar de la Justicia Federal en el marco de los juicios de lesa humanidad".

La letrada dijo que junto a la Fiscalía vienen "generando acciones y elevando propuestas que lleven a mermar los plazos para que el juicio comience cuanto antes. Tenemos la expectativa de que el juicio inicie en septiembre, como estaba pautado, algo que, por como están las cosas, se ve como difícil", dijo Vitar.

La abogada querellante reconoció en diálogo con EL SIGLO que "la presencia o no de Menéndez en el juicio no es un motivo válido para demorar el inicio de las audiencias. Ya planteamos al TOF que se puede resolver por cuerdas separadas su presencia, mientras se van sustanciando los otros actos procesales ineludibles para que comience el debate, como el ofrecimiento de pruebas de las partes", indicó.

Sobre el mismo tema, agregó que "en caso de que Menéndez no pueda estar, lo aceptaremos y no nos vamos a oponer, pero no estamos de acuerdo en que lo aparten de oficio, sin que se le practiquen los análisis de rigor y haya un dictamen de los cuerpos forenses de la Corte". Además, recordó que el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército "está siendo juzgado en La Rioja, por lo que no es tan cierta su incapacidad física".

De todas maneras, Vitar admitió que "también es cierto que Menéndez ya está condenado y fue degradado, mientras que en este juicio hay otros imputados que siguen sin responder ante un Tribunal".

Otros responsables

A propósito, sostuvo que la expectativa de la parte acusadora es "que sean juzgados los otros imputados, que tuvieron una activa participación durante el terrorismo de estado, como torturadores y secuestradores, y otros que actuaron como delatores y colaboradores civiles, como el caso del cura Mijalchik y del escribano Benedicto".

La letrada opinó que "este será juicio muy movilizador, porque el horror vivido en los centros clandestinos de detención de Arsenales y la ex Jefatura no se lo vio en ningún otro lado. Esto permitirá ver cómo funcionó el circuito represor durante la última dictadura; no será un juicio ordinario, sino que habrá que probar todo un sistema represivo, lo que implica la presentación de una mayor cantidad de pruebas, pericias, testigos y otros elementos", explicó.

Finalmente, Vitar estimó que "entre el 10 y el 15 de septiembre se terminaría el plazo para presentación de pruebas, porque hubo un compromiso del TOF de que se tratará de notificar a los acusados, algunos de los cuales están fuera de la provincia, a más tardar, a fines de esta semana, con lo que comenzarían a correr los 10 días hábiles. No se pueden dilatar más los tiempos", insistió.