El pedido de informes, que pasó a comisión, apunta a que se dé cuenta de los trabajos realizados o a realizar ante la recomendación efectuada a la empresa Agua de los Andes y a la SUSEPU por el Defensor del Pueblo de la provincia mediante la Resolución DP-JUJ-10, a fin de hacer cesar la contaminación al medio ambiente que provoca el vertimiento de los residuos cloacales en las aguas del río Grande, en el margen colindante al barrio Los Perales.

En el mismo sentido, solicita que la Secretaría de Gestión Ambiental dé cuenta de las medidas adoptadas en el área para dar comienzo al saneamiento y depuración de las aguas del río.

En los fundamentos Baca recuerda que una resolución del Defensor del Pueblo –iniciada por oficio- determinó que los desechos provienen de sectores barriales y se vuelcan sin tratamiento a las aguas del río Grande.

Tras puntualizar que la situación afecta de forma directa al ambiente y a la salud de la población, remarca que se viola el derecho constitucional a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho a promover un desarrollo compatible con la calidad ambiental.

Destaca el legislador que por imperio de la legislación vigente, los estados provincial y municipal tienen el deber de preservar el ambiente, motivo por el cual “deben realizarse acciones urgentes tendientes a la prevención de los daños ambientales y en el supuesto de que el daño ya se hubiera ocasionado y no hubiera podido ser previsto, deben velar por el cese y recomposición del mismo”.

Agrega que de la investigación efectuada por el Defensor del pueblo surge que resulta necesario realizar el tendido de la red cloacal e instalar una planta de tratamiento de líquidos cloacales para evitar la continua y progresiva contaminación del río, además de realizar a la brevedad trabajos de saneamiento y depuración.