El proyecto de ley precisa que dicha emergencia debe comprender medidas como: “la implementación de estrategias de difusión masiva del Protocolo de Atención a Víctimas de Violación que precisa los procedimientos que deben seguir los efectores de salud en la atención a víctimas de delitos sexuales”.

Además la emergencia comprendería “la elaboración de un plan de actualización y formación permanente destinado a todos los actores del sistema de salud, sobre temas como violencia sexual, salud, perspectiva de género y derechos humanos”; así como “la elaboración de un mapa del delito que permita obtener cifras actualizadas y regiones donde se registra una mayor incidencia de los delitos contra la integridad sexual de las personas”.

Finalmente se solicita la realización de un estudio para analizar la factibilidad de creación de una Fiscalía Especializada para el Abordaje de los Delitos contra la Integridad sexual en el ámbito de la Fiscalía General de la Provincia.

Recientemente, en visita a la Legislatura de Jujuy las entidades entregaron un petitorio con cerca de dos mil firmas donde reiteraron el pedido de declaración de emergencia, ya que –señalaron- “hasta hace pocos años Jujuy registraba un 74 % más que la media nacional para este tipo de delitos y esa cifra no se habría modificado”.

El diputado Baca puso de relieve que en el año 2007, con posterioridad al caso de una adolescente de la ciudad de San Pedro -embarazada como producto de una violación- a la que no le suministraron los tratamientos de rigor previstos para una víctima de este tipo de delitos- la Multisectorial inició una demanda con el objeto de que se protocolaricen los procedimientos en los hospitales. Como consecuencia de eso, el Ministerio de Salud aprobó por Resolución 00238, el Protocolo de Atención a Víctimas de Violación que debía ser aplicado en todo el ámbito sanitario público hospitalario. Sin embargo, según el relato de las integrantes de la Multisectorial de la Mujer, dicho protocolo no es conocido en nosocomios del interior.

Si bien, en el artículo 2 de la Resolución mencionada se prevé que la Dirección Provincial de Salud “deberá brindar la más amplia difusión del Protocolo aprobado por el artículo 1 y ordenar su aplicación, como asimismo deberá disponer de los mecanismos necesarios para la correspondiente supervisión de su cumplimiento”, existen datos que revelan que es necesario profundizar acciones para que dicho Protocolo sea conocido y aplicado eficazmente por todos los actores del sistema de salud pública”, agregó el legislador.

Por otra parte -indicó el diputado Baca- la Multisectorial de la Mujer ha referido que existen dificultades en los procesos judiciales que se siguen por este tipo de delitos y a los efectos de mejorar los procedimientos ha solicitado entre otras cuestiones que se analice la creación de una Fiscalía Especializada, similar a la UFISEX que funciona en el ámbito de la Procuración General de la Nación.

“La UFISEX -precisó el legislador radical- es una estructura especializada en la recepción y trámite de las denuncias por delitos sexuales. Impulsa todas las investigaciones preliminares, además de realizar un relevamiento de datos cuantitativos en las distintas fiscalías de la ciudad y desarrollar un mapa del delito. Tiene como función también colaborar en la elaboración de programas de prevención nacional e internacional y coordinar actividades de capacitación y especialización”.

Por otra parte Baca señaló que la Ley 26.485 de “Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” ha definido claramente la violencia sexual como “cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres”.

“Si bien la Ley referida, recientemente reglamentada por el PEN, es un marco normativo amplio que incluye todos los tipos de violencia de género, resulta también una norma adecuada para fortalecer las estrategias en materia de abordaje de la violencia sexual. Por otra parte, hay que señalar que el Consejo Provincial de la Mujer, en Jujuy constituye el organismo rector en materia de políticas públicas de violencia, por lo que entiendo que debe ser convocado a los efectos de analizar la problemática específica planteada en este proyecto” consideró finalmente el diputado Baca.