además de las actividades ilegales de tala de madera y desmontes, a pesar de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que los prohíbe.

La situación fue planteada ante los ministros de Gobierno, Maximiliano Troyano; de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif y de Ambiente, Francisco López Sastre, junto a los secretarios de Seguridad, Política Ambiental, Bosques Nativos y el subsecretario de Pueblos Originarios, en representación del ministerio de Desarrollo Humano

Según se informó desde el Gobierno, se habrían acordado líneas de trabajo articuladas entre ministerios para solucionar las problemáticas planteadas por el sector, además de indicar que se busca fortalecer los controles de las diversas actividades denunciadas como ilegales y que se realizan en la zona.

También se indicó que se fortalecería el proceso de centralización para el abordaje de la problemática de tierras. Respecto del relevamiento de tierras de comunidades originarias, que estuvo detenido en algún momento por irregularidades detectadas en torno a los fondos que había enviado la Nación y que habían sido embargados en el marco de una causa contra funcionarios del IPPIS, los funcionarios sostuvieron que seguirán adelante una vez que Nación desembolse más fondos para seguir con este relevamiento.

En cuanto a los fondos que se desembolsan en el marco del cumplimiento del Fondo de Compensación de la Ley de Bosques Nativos, se informó que el 47% de estos irán destinados a comunidades campesinas (sean originarias o criollas).

Y es que en 2010, solo 5 comunidades indígenas percibieron fondos, mientras que empresarios como el banquero Jorge Britos, o Ingenio el Tabacal, tierras en nombre de parientes de funcionarios y legisladores provinciales y municipales, fueron los que percibieron la mayor cantidad de dinero. Incluso, se supone la existencia de irregularidades en la entrega de los fondos ante la apertura de una causa que se encuentra en la Justicia Federal por un intento de malversación en perjuicio de la Administración Pública..