Con la declaración de la pandemia de coronavirus en todo el mundo, el gobierno nacional decidió congelar los precios de los alquileres a través de un decreto sucesivamente renovado. 

La vigencia de la medida llegaba, en principio, hasta el 31 de enero. Pero ahora asociaciones de inquilinos de todo el país reclaman una nueva extensión. 

En ese sentido, subrayaron la complicada situación de endeudamiento en gran parte de las familias argentinas. Según datos del comunicado firmado por agrupaciones de -entre otras ciudades y provincias- Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Entre Ríos y Río Negro, existen 1,5 millones de hogares en situación de falta de pago, de los cuales el promedio de la deuda es de 150 mil pesos, llegando a sectores que adeudan más de 250 mil. A esto, se suma que un 70% posee deudas en materia de servicios.

Una situación urgente

"Esto generaría un problema habitacional muy grande, pagar esa deuda de un día para el otro es insostenible, habría una cadena de desalojos de familias en todo el país muy compleja de resolver", señaló en diálogo con BigBang Juan Francisco Navarro, de Inquilinos Lomas de Zamora y la Red de Inquilinos de Provincia de Buenos Aires.

"Entendiendo eso, hemos realizado diversas presentaciones porque buscamos que se arme una mesa de trabajo con el ministerio de Hábitat y Vivienda para que realmente se puedan generar distintas políticas públicas que contemplen esta situación", agregó. "Un ejemplo es le desarrollo de la deuda que ha tenido argentina con organismos internacionales, donde se hizo una propuesta de pagarla de manera sostenible. En este caso queremos una propuesta similar". 

Para Navarro, ninguna de las medidas que el gobierno nacional tome para beneficiar a los inquilinos está completa sin "un órgano que regule estas situaciones". 

"Es muy difícil sostener una situación en la que inmobiliarias y propietarios respeten las reglas. Entonces también necesitamos que exista un organismo así", explicó señalando que las asociaciones de inquilinos también buscan que la situación se apuntale con medidas extra como la creación de un fondo nacional del alquileres, la incorporación del valor del alquiler en la canasta básica del INDEC, la limitación del valor de los alquileres y accionar concreto del Estado en relación a la vivienda ociosa.