La ONG Vía Libre pide “derogar esta ley y volver al proyecto redactado en Diputados, un proyecto consensuado por diversos bloques, con participación de actores con intereses contrapuestos”.
Ya hay planteos para que se concrete su derogación y se retome el proyecto que habían avalado los diputados, con modificaciones al original y la participación de distintos sectores.
La iniciativa -advierten- tiene serias falencias, múltiples cuestionamientos y hay quienes apuntan incluso que es inaplicable. La ley se aprobó a fines del año pasado.
Una de las que formalmente pidió la derogación es Beatriz Busaniche, de la ONG Vía Libre. Interpreta que la ley abre la puerta a un control policial de Internet: “Estamos mucho más inseguros que antes”, afirmó. Anticipó que ante un caso concreto, un abogado litigará contra la constitucionalidad de la norma: “No sirve para prevenir, no tiene el efecto disuasivo que se supone que tiene. Pero sí permite que las fuerzas de seguridad intervengan las comunicaciones sin que medie una denuncia”.
En la última edición de la revista “Caras y Caretas”, un artículo de Juan Pablo Urfeig señala numerosos problemas y avisa sobre “los riesgos de que las fuerzas de seguridad puedan intervenir en la web sin orden judicial”.
El artículo en Caras y Caretas indica como “curioso” que los propios impulsores de la iniciativa aparezcan en desacuerdo. “No parece dejar contento a nadie”, sintetiza.
Describe el proceso de la iniciativa, que tuvo cambios sensibles en la Cámara de Diputados, pero que el Senado ignoró para regresar al proyecto original.
Entre otras deficiencias de la legislación, apunta que “se pierde la coherencia de la escala penal”, porque la pena de 4 años de prisión para quien contacta en la web a un menor con fines sexuales es la misma que recibe alguien que comete un abuso.
Añade que no se diferencia entre menores de 18 años y menores de 13 años; que tampoco se aclara que el delito sólo puede ser cometido por un mayor de edad; y que el texto “convierte al ciberacoso en el único delito contra la integridad sexual que es de acción pública”, es decir que no necesita de la denuncia de la víctima para ser investigado.
“El proyecto de Diputados era más coherente”, dijo Sebastián Bortnik, presidente de Argentina Cibersegura y gerente de Educación y Servicios de Eset Latinoamérica, una ONG que insiste en que “lo aprobado no deja conforme a una parte importante de la sociedad. La falta de debate es clave. Los senadores lo trataron en 45 minutos en el recinto y dieron sanción sin escuchar otras voces”.
“No sirve”
En una entrevista con el sitio “PuntoGov”, Busaniche dijo directamente que la ley “no sirve” para proteger la integridad de los menores.
“El proyecto aprobado en Senadores carece totalmente de fortalezas. Es un proyecto que no sirve para proteger y tutelar el bien jurídico que se supone debe defender, es decir, la integridad de los menores. Tiene muchos errores clave”.
La licenciada en Comunicación Social, docente de la Universidad de Buenos Aires, enumeró: “Tipifica como figura penal el ‘contacto con intención’, es decir, el mero contacto de un mayor con un menor (de cualquier edad, 17 y 5 años es lo mismo en esta ley) puede ser pasible de investigación penal porque hay que probar intenciones. No se trata siquiera de una tentativa, sino de una intención. Esto está fuera de toda razonabilidad en materia penal. Es una figura penal abierta, amplia, no detallada, no definida que da lugar a cualquier cosa”.
También cuestionó que “homologa la pena de ese mero contacto con la del abuso efectivamente cometido. Es decir, da lo mismo contactar a un menor por cualquier medio de comunicación electrónico a efectivamente cometer un abuso sexual contra él”.
“No discrimina edades. Para este proyecto, un adolescente de 17 es igual a un niño de 7. En materia de delitos contra la integridad sexual, esa distinción es clave. Antes de los 13 años no se puede presuponer ningún tipo de consentimiento, pero cuando se trata de adolescentes ya hay una serie de cuestiones a considerar. Otro problema en relación a la edad: la ley no dice nada sobre las edades concretamente: un chico de 18 y una chica de 16 entran en la figura”, enumeró.
“La figura creada es de acción pública, y no dependiente de instancia privada como son los delitos contra la integridad sexual siempre que no concurran con otro de acción pública. Es decir, no hace falta denuncia de un afectado para que la Policía inicie una investigación. Esto abre la puerta a que la Policía monitoree chats, comunicaciones de Internet sin que medie denuncia por parte de una víctima”, advirtió.
Ante una consulta puntual respecto de si la ley será una herramienta idónea para prevenir y reducir el “grooming”, respondió: “En absoluto. Una herramienta de este tipo solo posterga el logro de una legislación apropiada. Cualquier abogado que deba llevar un caso basado en esta figura penal, apelará a la inconstitucionalidad de la norma, sin lugar a dudas. Por otro lado, da rienda suelta a la Policía a avanzar de manera desproporcionada sobre el estado de derecho”.
Respecto de qué normas debieran implementarse, apuntó: “La primera medida es derogar esta ley y volver al proyecto redactado en Diputados, un proyecto consensuado por diversos bloques, con participación de actores con intereses contrapuestos. El proyecto que elaboró Diputados tras las audiencias y reuniones públicas era mucho más sólido y útil que este proyecto”.
“Luego, comprender que el bien jurídico a tutelar es la integridad de los menores, es decir, no se trata de legislar para Internet, o construir figuras penales de dudosa aplicación, se trata de tener políticas públicas que den cuenta de los problemas reales que enfrentan muchas familias. Este tipo de proyectos obturan el debate profundo sobre el abuso de menores, las penas, los lugares donde esto ocurre y el reconocimiento como sociedades de que, en la gran mayoría de los casos, los abusos se cometen en el entorno directo del menor, de lo cual poco se habla en este país”, completó.
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