Piden a la Corte de Justicia que intime a la empresa CAMYEN

Piden a la Corte de Justicia que intime a la empresa CAMYEN

En abril, el FCS había elevado una nota para conocer los términos del acuerdo que la empresa CAMYEN S.E. firmó con Yamana Gold. Pero no hubo respuesta.

Diputados del FCS se presentaron ante la Corte de Justicia e interpusieron una acción de amparo por mora en la administración en contra del presidente del directorio de la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E), Daniel Issi. Los legisladores solicitan a la Corte de Justicia que obligue al director de la empresa a otorgar la información pública relacionada con el acuerdo que la empresa minera de la Provincia firmó con Yamana Gold. Los legisladores acusan a Issi por la existencia de una conducta "omisiva y negligente”, referida a cumplimentar la ley provincial Nº 5336 de acceso a la información pública. 

La presentación fue iniciada por los diputados Marita Colombo, Jorge Sosa, Claudia Vera, Alcira Moreno, Miguel Vázquez Sastre, Verónica Rodríguez Calascibetta, Víctor Luna, Raúl Giné, Marisa Nóblega y Rubén Herrera, con el patrocinio del abogado Mario Héctor Garzanti. 

El FCS recuerda que le solicitó a Issi información suficiente "para realizar el correspondiente y adecuado contralor que la oposición política ejerce en un sistema de gobierno republicano de frenos y contrapesos”. 

Apunta que el 1° de abril se envió una nota, en el marco de la Ley 5336, de acceso a la Información Pública, por la que pide detalles referidos al memorándum de entendimiento celebrado por CAMYEN S.E. con Yamana Gold relativo a la exploración y explotación de las áreas mineras de Cerro Atajo y Agua Rica para el desarrollo del distrito Minero. También requería la documentación certificada que constituye el contrato celebrado por ambas empresas, relativos a la exploración y explotación de los emprendimientos, entre otros puntos, que fueron detallados en la nota.En ese marco, señalan que los plazos para informar se encuentran ampliamente vencidos ya que la ley establece un lapso de 30 días hábiles para enviar la respuesta. El mismo artículo 6 de la ley de acceso a la información fija la posibilidad de una prórroga por 15 días hábiles más por circunstancias inusuales. 

"Agotados en exceso los plazos de ley –habiéndose vencido el mismo con fecha 15 de junio de 2015- y en el entendimiento de lo prioritario e importante que resulta el acceso a la documentación solicitada, fundada en la afectación que se realizan de recursos naturales y económicos de la Provincia, que inciden sobre la totalidad de sus habitantes, es dable destacar la gravedad de la conducta omisiva y antijurídica que se ha consumado", expresa en la argumentación del recurso.

Por otra parte, en la presentación se advierte que la información solicitada a CAMYEN no tiene la característica de confidencial como lo había deslizado el vicepresidente de la empresa, Fernando Musella.

"Nada de lo requerido a CAMYEN puede razonablemente ser considerado ni información confidencial ni clasificada, ya que no se encuentra lo requerido comprendido en los supuestos mencionados", expresa al referirse a la ley. "Prueba de ello es que no ha existido una denegatoria fundada en las mismas consideraciones por parte de la empresa, sino que simplemente se limitaron a no responder".

Según explicó Colombo, al tratarse de una acción de amparo, la Corte debería dar una respuesta en un corto plazo. "Oscurantismo medieval"

 La diputada Marita Colombo (FCS) consideró que existe una situación similar al "oscurantismo medieval" con referencia al contrato que firmaron CAMYEN y Yamana Gold por la falta de información al respecto.

En declaraciones a la prensa, Colombo sospechó que el oficialismo evita dar quórum en las sesiones de la Cámara baja porque el FCS ya anunció que quiere pedir tratamiento preferencial para el proyecto por el que se conforma la Comisión Bicameral para el control de la empresa CAMYEN. 

"La información no es de los legisladores, de Issi, de Ángel Mercado o de la Gobernadora, es del pueblo. La información pública es del pueblo y eso es lo que dicen todos los fallos de la Justicia nacional", explicó Colombo. "Se habla de un contrato YAMANA- CAMYEN que enajenaría por 40 años el patrimonio de un área geológica minera con términos y condiciones que desconocemos. Están aceptando un 5% de utilidades cuando la ley establece que el piso es del 6%", acotó. 

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