"La prohibición legal no se condice con el espíritu de la Constitución Provincial, que pretende que todos los funcionarios puedan ser investigados", argumentó Martín Berhongaray en su iniciativa que procura aquella modificación.

El legislador sostiene que el actual articulado por un lado excluye la actuación de la F.I.A. con respecto a los funcionarios, pero entra en contradicción con lo establecido por el artículo 18° de la misma ley. Analiza que eso "resulta inocultable, toda vez que este último determina que 'cuando de las investigaciones practicadas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, resultaren cargos imputables a funcionarios, sometidos a Juicio Político o Tribunal de Enjuiciamiento, los antecedentes serán girados con dictamen fundado a la autoridad competente para entender en su tramitación'. Va de suyo que, conforme el actual artículo 7°, la FIA carece de atribuciones para investigar a determinados funcionarios, encontrándose impedida de indagar y concluir respecto de situaciones ajenas a su jurisdicción", continúa Berhongaray.

Agrega en su razonamiento que "el Fiscal sólo estaría facultado para investigar y arribar a un dictamen definitivo, cuando de una investigación de los demás funcionarios o empleados, pudiere surgir una conducta reprochable de los aquellos sujetos al procedimiento de enjuiciamiento.