Cuatro fiscales, un defensor oficial y una secretaria presentaron ayer un recurso de amparo planteando la inconstitucionalidad del artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a permanecer por los menos tres años en un cargo antes de concursar por otro.
El amparo, promovido en nombre de los seis funcionarios judiciales por el abogado Miguel Palazzani, ingresó al Juzgado en lo Civil 1, a cargo de Susana Ethel Fernández. Lo primero que deberá hacer la jueza es declararse o no competente, ya que desde el mismo momento en que se conoció la intención de ir a la justicia ordinaria empezó a especularse con una posible cadena de inhibiciones. ¿Cuál sería la posible causal? Que los propios jueces tienen interés en el proceso ya que son potenciales concursantes.
El escrito de Palazzani plantea dos cuestiones, una de fondo, que es la inconstitucionalidad en sí del artículo; y otra coyuntural, que es la suspensión de los concursos para que presuntamente no se afecten derechos constitucionales de los demandantes.
El texto cuestionado -que entró en vigencia hace un mes- dice en su parte sustancial que "a partir de ese momento, y respecto de los magistrados y funcionarios, deberá transcurrir un período de tres años en el ejercicio del cargo, como condición para postularse en concurso para otro cargo dentro del Poder Judicial provincial". Por eso la semana pasada, desde el Consejo de la Magistratura se le notificó a varios de los inscriptos que no podrán presentarse el 18 de abril a los concursos para cubrir dos cargos de jueces de control en Santa Rosa ya que llevan menos de tres años en sus cargos.
Los anotados son Gastón Boulenaz, Franco Catalani, Pablo De Biasi, Agustín Esnal, Enrique Fazzini, María Elena Gregoire, Lorena Rivero, Claudia Keilis, Alicia Loscertales, Rafael Masó, Andrés Olié, Alejandra Ongaro, Carlos Ordas, Mauricio Piombi, Fernando Rivarola, María Rivero, Agustín Rodríguez Berdier, Pablo Rizza, Marisol Rodríguez, Francisco Urdapilleta, Marisol Trombicki y Claudio Zaikoski.
Varios de ellos se postularon en ambos concursos y la mayoría se desempeña en el Poder Judicial. En ese grupo están los seis amparistas. Un detalle: cuando se inscribieron en noviembre la modificación a la Ley Orgánica no estaba vigente.
Fundamentos.
Palazzani, en el escrito, mencionó dos artículos de la Constitución pampeana para fundar la inconstitucionalidad. El 27º que fija que "la idoneidad será la única condición para el desempeño de cargos y empleos públicos" y el 6º que dice que "la convivencia social se basa en la solidaridad e igualdad de oportunidades". Por eso sostuvo que si la idoneidad es la única condición, no puede exigirse un tiempo mínimo de permanencia en un cargo; y que la igualdad de oportunidades se ve afectada con el cambio de la Ley Orgánica porque otros postulantes -abogados de la matrícula, funcionarios y magistrados judiciales del fuero federal y de otras provincias- no deben cumplir con el requisito de los tres años. En ese caso habría una restricción para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de La Pampa.
Si Fernández, o el juez que se declare competente, aceptase la medida cautelar de suspender los concursos -esa cuestión debería resolverse en forma inmediata-, habrá una paralización total de ellos.
Un grupo de unos 15 afectados por el impedimento legal se reunió el lunes con las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de La Pampa y pidió el apoyo de la entidad en esta pelea. El Colegio ya pidió una audiencia al Superior Tribunal de Justicia, que podría realizarse la próxima semana. De todos modos la institución, a través del anterior presidente, Hugo Díaz, ya fijó posición cuando envió una nota a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados manifestando que consideraban que el artículo 6º es inconstitucional.
En ámbitos tribunalicios trascendió que si bien fueron seis los que recurrieron a la vía del amparo, los perjudicados por una medida que busca darle cierta estabilidad a los cargos judiciales rondarían los 20 o 25.
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