"La Provincia es la responsable de que los porteros tengan una relación laboral formal, porque es el Ministerio de Cultura y Educación (MCE) el que tiene que garantizar la apertura de las escuelas. En La Pampa no existen establecimientos educativos que dependan de los municipios", afirmó ayer consultado por LA ARENA.

En opinión del dirigente el fallo es "auspicioso" porque abre la posibilidad (a partir de la jurisprudencia que deja sentada) de que el resto de los porteros que están en negro puedan acudir a la vía judicial para reclamar la regularización de su situación y la indemnización correspondiente a los años en que su relación laboral fue informal.

"Nosotros vamos a hacer todo lo posible para hacer todas las tratativas que sean necesarias con el objetivo de informarles a los compañeros. Nos han llamado varios con intenciones de iniciar reclamos legales", dijo, a la vez, que dio por sentado que la ATE brindaría asesoramiento jurídico para quienes quieran presentar demandas.

-¿Cree posible que el gobierno se allane a buscar una solución política ante el peligro que corren los municipios por una catarata de juicios laborales?

-Espero que así sea. Nosotros vamos a insistir en la necesidad de una solución política para los porteros de la provincia.

Más de la mitad.

Simpson estimó que son más de dos mil los porteros que trabajan en las instituciones escolares de la provincia. "Más del 50 por ciento está en negro. La situación es terrible. Es más, hay casos en que dos empleados cobran de un mismo sueldo", explicó. Además, aseguró que existen muchos cargos que van quedando vacantes, por jubilación, y no son cubiertos por las autoridades educativas.

El gremio lleva años reclamando que los porteros sean incorporados a la planta permanente de la administración provincial. Ese fue el caso de Pedro Molina, el portero de Colonia Barón, que en 2007 fue pasado a planta. Una vez que estuvo amparado bajo el régimen de la Ley 643, el trabajador inició una demanda para que las autoridades pertinentes le reconocieran todos los años en que cumplió la misma tarea, pero de modo informal.

Molina ganó el juicio en primera instancia y en noviembre logró que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial (General Pico) ratificara ese fallo. Para la Justicia, el municipio de Barón fue el responsable, dado que era el encargado en todos esos años de pagar, a través de un subsidio de Provincia, el sueldo informal de Molina.

Norma Saucedo, patrocinante de la comuna baronense, se había mostrado disconforme con esa resolución, puesto que entendió que era la Provincia la culpable de que los porteros tuvieran esa relación contractual precaria. Lo mismo que ayer expresó Simpson a este diario.

Para el secretario general de ATE, los porteros están en una de las situaciones más desventajosas entre los trabajadores estatales, junto con otros empleados del sector salud. "No tienen claramente establecido cuál es la función. En muchos casos, sobre todo en las escuelas del interior, terminan trabajando, de albañiles, electricistas, gasistas... y no les pagan horas extras ni nada. Esto también ocurre en salud", concluyó.