Trabajadores de la actividad volvieron a solicitar mediante una nota el urgente llamado a elecciones del gremio petrolero. Por su parte el interventor, Carlos Flaquier, advierte que antes deberá ponerse fin a los conflictos que derivaron del paro de la producción. Ayer el jefe de Gabinete Pablo González estuvo en Comodoro Rivadavia mediando ante YPF, e hizo declaraciones para este medio en las que pidió paciencia.
Sin embargo, en la jornada de ayer Flaquier se mostró contrario a esta apreciación y tras haber asegurado que no recibió documento alguno por parte de los delegados, advirtió que no habrá elecciones hasta tanto no cesen los paros y bloqueos en las empresas. La diferencia de criterios no hace más que aletargar la posibilidad de normalizar el sindicato que hoy poco puede hacer por colaborar en la resolución de los enfrentamientos entre las empresas de servicios, su personal y las operadoras.
De hecho, fueron los propios delegados quienes en las últimas horas se ofrecieron para “restablecer la paz social en el ámbito petrolero”, dejando las puertas abiertas a una reunión prevista para la semana que viene, a la que fueron invitadas autoridades políticas. “Elecciones en el sindicato va a haber, pero hay que tener paciencia, estamos en un momento de crisis para las empresas de servicios y nosotros interviniendo sobre esa coyuntura, se positivamente que la Federación y el interventor tienen apertura al diálogo y harán todo lo que está a su alcance por acelerar los plazos, pero es necesario que se terminen los bloqueos, los paros y se normalice la producción” dijo ayer González en clara sintonía con la posición de Flaquier. Asimismo, el funcionario indicó que la elección de una nueva comisión en petroleros “no resolverá la cuestión de fondo, porque muchas empresas no pueden hacer hoy frente a los salarios, hay que frenar los despidos, etc. Hablamos de un paro de casi 90 días y hay que encontrar una solución con consenso y dejando los intereses y aspiraciones personales de lado”, agregó.
Lo cierto es que en ocasión de anunciar la intervención, el ministro de Trabajo Carlos Tomada confirmaba que el interventor estaría a cargo “por poco tiempo”, y el gobernador Daniel Peralta aclaraba que este proceso de normalización sería “acotado”.
Transcurrieron, al día de hoy, 33 días desde la intervención, pero los trabajadores aun desconocen los plazos para votar y elegir a sus nuevas autoridades. Mientras tanto, las contratistas padecen aun el coletazo del paro y su estructura económica decayó en forma súbita. Vale mencionar que el parate originado por el reclamo del Convenio Colectivo que destapó una feroz interna sindical entre delegados y la comisión directiva destituida, generó, hasta el levantamiento parcial de la medida, pérdidas por 100 millones de pesos. Luego de varios cortes de ruta, paralización de algunos yacimientos y toma de empresas esa suma aumentó considerablemente, tanto que desde el Gobierno parecen haber ya dejado de contabilizar.


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