Los gobiernos de Río Negro y La Pampa coincidieron en destacar que la nueva Ley de Hidrocarburos que impulsa la Nación “no impacta de la misma manera” en todas las provincias involucradas por lo que, aseguraron, “se hace muy difícil una posición de conjunto”.
Se distanciaron de las otras provincias, con un análisis conjunto. Pero definieron el rechazo a la revisión de los contratos vigentes que contiene el proyecto de ley.
El mandatario rionegrino, Alberto Weretilneck, y su colega pampeano, Oscar Jorge, mantuvieron un encuentro en Viedma, tras el cual enfatizaron que la futura ley relativa a los combustibles “no puede tocar contratos vigentes; no puede ser retroactiva”. Asimismo, los gobernadores ratificaron que sus programas de renovaciones petroleras no tendrán modificaciones. “Todo sigue igual, nada cambia” sobre los procesos en marcha, aseguró Weretilneck.
El año pasado, La Pampa como Río Negro lanzaron la renovación de los contratos que vencen en 2015 y 2016. Además de YPF, esa provincia registra una decena de petroleras para negociar, entre ellas también figura Petrobras.
En declaraciones al diario Río Negro, Weretilneck manifestó que el programa petrolero de su provincia “seguirá” porque “nada cambia. Se habla de licitación para las nuevas áreas cuando nosotros estamos renovando”. En tanto, Jorge advirtió que la ley que motoriza el Gobierno Nacional “no puede tocar contratos vigentes; no puede ser retroactiva”.
El gobernador de Río Negro admitió que la nueva Ley de Hidrocarburos “no impacta de la misma manera, en lo positivo o negativo” en cada distrito del interior del país. “Hay que mirarla provincia por provincia -añadió- y, por eso, se hace muy difícil una posición de conjunto”.
Weretilneck reconoció que Río Negro y La Pampa tienen “puntos en común”, en el sentido de que las dos están aun con su proceso de renovación de áreas cuando otros ya cumplieron con esta etapa. “Hay provincias con fuerte desarrollo de esas empresas, y otras no tanto, como las nuestras”, acotó.
Disímiles
Gobernadores de las provincias petroleras mostraron posiciones disímiles sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos que impulsa la Nación, de cara a una nueva reunión mañana lunes con la presidenta Cristina Fernández.
El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, señaló que el texto que elaboró la Nación tiene varios puntos “sobre los que no se puede legislar” y advirtió que si bien no quería “confrontar” con la Casa Rosada, la búsqueda de la paz “no puede ser a costa de los intereses de los neuquinos”.
Por eso, el mandatario del Movimiento Popular Neuquino comenzó a diseñar una propuesta nueva, aunque ratificó su disponibilidad a continuar la discusión con la Casa Rosada. Sapag cuestionó que hay sectores que “intentan hacer pelear” a la empresa estatal neuquina de gas y petróleo GyP con YPF, cuando en realidad, dijo, ambas compañías “deben ser complementarias”. El mandatario aceptó la discusión respecto de si en algún contrato “consideran que no les conviene que estemos (con GyP)”, aunque, dijo, “siempre obteniendo lo que nos corresponde”. Los gobernadores de las provincias petroleras, agrupados en la OFEPHI, analizaron el lunes último con la presidenta el proyecto oficial para incorporar las nuevas extracciones de shale oil a la normativa, y pasado mañana volverán a encontrarse para unificar posiciones.
Por su parte, la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, adelantó que está a favor de la iniciativa y sostuvo que “no hay nada que nos haga pensar que no se va a llegar a un acuerdo”. Ríos indicó que se trata de una “ley-convenio” y por lo tanto “para que sea presentada debe existir un acuerdo del Gobierno Nacional con las provincias”, dado que no basta el aval de la OFEPHI por ser “una organización política”.
La mandataria coincidió con la visión del oficialismo nacional respecto de que la Ley de Hidrocarburos ha quedado obsoleta y “no contempla la explotación no convencional, que requiere tiempos de inversión diferentes”.
Ríos mencionó que, tras el acuerdo de las partes, el proyecto “va a entrar por el Senado”, al tiempo que aseguró “están dadas todas las garantías constitucionales para todas las instancias de participación y observación de cada uno de los puntos” en las Legislaturas provinciales.




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