Las versiones coincidentes indican que el fin de año vendrá de la mano con reducción de equipos trabajando (hasta la mitad, se dice), con vacaciones masivas de personal, un agresivo plan de jubilaciones y otros recortes. Al mismo tiempo, se pretende mantener el precio alto nacional (precios sostén), que para Neuquén es de 77 dólares el barril, y para Chubut es de 63 dólares.

Aún más: las empresas que operan en Chubut quieren aumentar ese precio relativo, a 70 dólares. O bien, que se eliminen las retenciones a la exportación.

Los sindicatos, incluido el que conduce todavía aquí Guillermo Pereyra, están atentos a la situación y no pondrán mayores escollos si es que se mantienen puestos de trabajo, es decir, si es que se consigue no incrementar la curva de despidos y suspensiones. Pero presionan por la eximición en el pago del Impuesto a las Ganancias, cuestión que ha sido recurrente este año en las demandas sindicales.

El Estado, según parece, tiene una vez más la responsabilidad de responder a la presión con calma. Es difícil, porque forma parte directa del negocio, con una YPF que tampoco está bien, que tiene un pronunciado déficit, y que ha incrementado gastos superfluos, como la asignación de publicidad, que este año ha llegado a los 800 millones de dólares, según fuentes gremiales.

Es difícil, para un Tesoro con reservas flacas, en el peor nivel de los últimos años, con 27 mil millones de dólares (la mitad de las que tuvo en su momento Néstor Kirchner) declarados, aunque todo el mundo sabe que lo real es mucho menos que eso, sin que se pueda precisar con exactitud cuánto, en medio del gran ocultamiento nacional.