Marijuán había denunciado el martes haber recibido una amenaza telefónica en su fiscalía, en la que le advertían: "Si apela, le vamos a matar a sus hijas". No se sabe si era por esta causa o por otra de las que lleva adelante.

Custodia policial

El fiscal, que también había sido amenazado el fin de semana, según dijo un abogado que estaba con él cuando le dejaron una carta intimidatoria, aceptó finalmente una custodia policial para sus hijas. La condición fue que se instale en la cuadra del edificio donde ellas viven y no en la puerta del domicilio, según dijeron fuentes judiciales.

Marijuán, el mismo fiscal que imputó la semana pasada al empresario kirchnerista Lázaro Báez por presunto lavado de dinero, rechazó en cambio un refuerzo en la custodia personal que ya tiene como fiscal de la Nación.

La custodia de las hijas del fiscal fue pedida por el juez Casanello, quien resultó sorteado también para investigar las amenazas contra él y su familia. Marijuán ya había sido amenazado otras veces, por ejemplo en 2001 cuando investigaba el otorgamiento de jubilaciones truchas en La Rioja. La medida fue instrumentada a través del Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré.

La Justicia también dispuso ayer una custodia sobre la ex secretaria del fallecido presidente Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, quien habló el domingo, en el programa de TV Periodismo Para Todos (PPT), de "bolsos con plata"que iban a la provincia de Santa Cruz.

La causa en la que Marijuán apeló la decisión de Casanello fue abierta por una denuncia del senador radical Mario Cimadevilla, integrante del Consejo de la Magistratura. Ayer , el legislador hizo duras críticas al magistrado.

Cimadevilla denunció que Gils Carbó cometió dos delitos al crear fiscalías sin que hubiera una ley del Congreso de la Nación y al designar en ellas a fiscales "ad-hoc" o subrogantes que no son fiscales porque no cuentan con el acuerdo del Senado para cumplir tales tareas.

"Interpretación amplia"

Fuentes judiciales dijeron que no todas las designaciones son irregulares porque algunos de los nombramientos cuestionados se trata de fiscales con acuerdo del Senado, como Félix Crous, a cargo de la nueva Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

En cambio, en Tribunales recuerdan que el flamante titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, es secretario y no tiene rango de fiscal ni acuerdo del Senado.

Sin embargo, Casanello desestimó la denuncia al afirmar que lo realizado por Gils Carbó no está fuera de la ley.

Las fuentes consultadas por este diario dijeron que se trata de una interpretación "bastante amplia" del artículo 11 de la ley del Ministerio Público Fiscal.