En el mercado algunos especulan con que la versión es alentada por el Ministerio de Economía, acaso sospechando que Bossio podría ser un reemplazo de Amado Boudou. Rumores que circulan en estas horas de negociaciones contra reloj y alta volatilidad política.

Lo cierto es que si finalmente la oposición consigue los 37 votos para rechazar el pliego de Marcó del Pont, cuesta imaginar que la Casa Rosada se arriesgue a incinerar a un funcionario clave como Bossio para cumplir un mandato que termina en pocos meses más –septiembre-.

Por eso, se menciona como una opción posible que se decida dejar el Central en manos de su vicepresidente, el radical Miguel Pesce. Es que este funcionario ya tiene acuerdo para ocupar ese cargo, de manera que la Casa Rosada no necesitaría someterse nuevamente a la amansadora del Senado. "Y de acá a septiembre hay tiempo para consensuar con los senadores un nuevo presidente del Central", afirmó a La Política Online un funcionario del gobierno.

Transferencia express y los problemas de Pesce

Sin embargo, la situación no es tan sencilla. Sucede que la principal impugnación que la oposición le hace a Del Pont –la transferencia Express de reservas al Tesoro-, también se aplica para Pesce y el resto del directorio del Central, con las excepciones de los redradistas Zenon Biagosh y Carlos Pérez, y el ubicuó O´Connell que sigue en su gira mundial (pasó de unas vacaciones en Italia a la India y de allí sin destino conocido).

De hecho la justicia está investigando si la transferencia de reservas no se concretó antes de que se publicaran en el Boletín Oficial los dos decretos que disponían esa operación, frágil base legal en la que se sostiene Del Pont.

Según comentaron a La Política Online fuentes del Central, el día en que Cristina Kirchner anunciaba los decretos ante la Asamblea Legislativa, el apurado cronograma para transferir las reservas comenzó a las 11 cuando se reunió el directorio del Central y aguardó hasta las 12 cuando llegaron los decretos.

Luego de 12 a 14 se discutió y aprobó el giro de las reservas del decreto simple que dispone utilizar más de 2.000 millones de dólares para deudas con organismos multilaterales y de las 14 a las 15 se trató el más complicado, esto es el que imputa más de 4.000 millones de dólares para pagar a los bonistas privados. En principio parece un plazo demasiado corto para analizar todas las implicancias de una decisión de esa magnitud.

Una transferencia floja de papeles

Si bien allegados a Marcó del Pont afirmaron a La Política Online que "la transferencia se hizo con el dictamen favorable de las 11 áreas técnicas del Central", otras fuentes del Central negaron esa información.

"Sólo tenía el dictamen de la gerencia de asuntos jurídicos (a cargo de Marcos Moiseff) y aún este no evaluó aspectos claves como el riesgo de embargos de reservas y el hecho de que la transferencia se concretara antes de la publicación de los decretos", apuntó una de las fuentes consultadas, quien remarcó que además "se violé el artículo número 3 de la Carta Orgánica del Central".

En el organismo también se menciona que el redradista Jorge Carrera, a cargo de la subgerencia de Investigaciones Económicas, no emitió el dictamen de su área sobre el impacto en la estabilidad monetaria –entre otras variables- de las transferencias.

Un caso similar se habría producido con Guillermo Zuccolo, a cargo de la subgerencia de Regirmen Informativo y Balances del Central. "Cuando se analizó el primer decreto de Cristina, ambas áreas habían analizado la cuestión", agregaron las fuentes, quienes afirmaron que la ausencia de estos dictámenes a la hora de analizar las transferencias en el directorio "puede que no sea un delito, pero ciertamente debilita mucho la legalidad de la operación".