El Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió dejar sin efecto los Acuerdos Generales N° 40 de noviembre 2002 y N° 05 de marzo de 2003 por los cuales ese tribunal autorizó a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de Entre Ríos a no realizar el aporte mensual a la obra social estatal Iosper, condicionando tal privilegio a la acreditación de contratación de cobertura de salud suficiente, la no utilización de las prestaciones brindadas por el Iosper y el mantenimiento del aporte a cargo del Estado.

Esas decisiones siempre fueron cuestionadas por el artículo 3º del Decreto-Ley 5326/73 de creación del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos establece la obligatoriedad de dicho régimen para funcionarios, magistrados, empleados de la Justicia.

La presidenta del STJ, Claudia Mizawak, consideró que “el contexto histórico y económico por el que atravesaba la Obra Social de la Provincia, resultó determinante para que este Tribunal tomara una decisión en tal sentido” favoreciendo el planteo de los doctores Perosi y Rodríguez Celedonio, quienes aludieron a la “necesidad de destinar dicha suma a la contratación de un servicio de salud eficiente para superar la paupérrima atención brindada por la Obra Social Provincial, la cual no satisface los requerimientos corrientes en materia de salud y mucho menos en lo relativo a tratamientos especializados de mediana o alta complejidad”.

“Las altas sumas que mensualmente son descontadas a magistrados, funcionarios y empleados, en favor de la obra social, no son correspondidas por prestaciones satisfactorias o mínimas, resultando por ende, desproporcionadas sobre todo en materia de alta complejidad con relación a lo aportado por los afiliados judiciales. Hay una verdadera discriminación y un descuento injustificado con ello, que los coloca en peor situación que cualquier otro aportante a una obra social pública o privada, cuyo costo es menor, obligando inclusive a recurrir a otra Obra Social suplementaria para encontrar atención suficiente”, explicaron en ese momento.

Con el mismo argumento, más de 200 magistrados lograron la autorización para no hacer los aportes, ya que el acuerdo habilitó la presentación de solicitudes similares, con su posterior análisis y resolución favorable por parte de STJ.

Mizawak destacó que la situación actual del Iosper en relación a su servicio prestacional “difiere sustancialmente de aquella que determinó el dictado de las Acordadas, hace 11 años, quedando estas actualmente fuera de contexto”. Al respecto, recordó que en la última reunión mantenida con el presidente del directorio de Iosper, Fernando Cañete, este les informó acerca de una serie de convenios que la obra social firmó con distintos prestadores de salud a los fines de una mayor cobertura para sus afiliados.

En la acordada, difundida ayer, se mencionó también un dictamen del procurador General del STJ, Jorge García, ratificando la obligatoriedad de hacer los aportes al Iosper.

Según Cañete, aportarán más de 200 jueces

El titular del directorio del Iosper, Fernando Cañete, valoró la decisión adoptada por el STJ y señaló: “Es un gesto de confianza que devolveremos con creces”. Indicó asimismo que “más de 200 magistrados deberán formalizar su reinserción al sistema”.

Cañete recordó que en setiembre pasado se había reunido con integrantes de la Asociación de Funcionarios y Magistrados del STJ por la acordada que permitía no aportar a la obra social entrerriana. “Por el camino del diálogo llegamos a un buen entendimiento, porque la situación se encauzó como esperábamos”. Y añadió: “agradezco a la presidenta del Superior Tribunal, Claudia Mizawak, por haber encauzado la situación, para que más de 200 funcionarios del Poder Judicial puedan volver a incorporarse al sistema de salud de la provincia. Hubo voluntad y decisión política, y eso es enormemente valorable”, añadió.